Después del déficit que detectó la Auditoría General de la Nación en la Municipalidad de Malargüe, su intendente Jorge Vergara Martínez instituyó la primera “Oficina Anticorrupción” departamental del suelo mendocino. Sus funciones abarcarán el control de la gestión pública y actuará jurisdiccionalmente para el labrado de sanciones administrativas.

Si bien Malargüe es uno de los departamentos más ricos desde el punto de vista macroeconómico, los malargüinos ostentan los peores índices regionales de calidad de vida. La fragmentación territorial, acompañada de las extensas distancias y la escasez de servicios, son algunos de los componentes que hacen que el suelo sureño no sea el más apto para la vida en comunidad.

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A esto se suma una “discrecionalidad subjetiva” en la administración de los recursos del Estado, que ha sido determinante para el crecimiento sin límite de la planta municipal y el desfinanciamiento del municipio.

Para terminar con esta “realidad”, el Concejo Deliberante otorgó poderes especiales a esta nueva planta de funcionarios, que tendrán como finalidad la de “recibir toda denuncia formulada por particulares o agentes públicos relacionados con actos de corrupción y/o conductas que se consideren incompatibles con la función pública municipal”. Es decir, que tendrán que cortar con la “cadena de favores”, tan conocida en la administración estatal.

El límite estará dado por el concepto de “corrupción”, que abarcará a “toda acción u omisión de un funcionario público que lo lleve a desviarse de los deberes atinentes a su cargo, con el objeto de obtener beneficios pecuniarios, políticos o de otra índole, para sí mismo o para terceros o que perjudiquen injustificadamente a terceras personas y/o a la Municipalidad”. Allí entrará todo lo referido a falsificación, adulteración y/o sustracción de documentos.

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Los “anticorruptos” tendrán a su disposición la capacidad de inspeccionar cada área dependiente del municipio o requerir información en su nombre. En caso de encontrarse con alguna situación irregular, elevarán el caso al órgano jurisdiccional más adecuado para cada caso. Incluso, podrán patrocinar acciones penales.

El cohecho o la “coima” será severamente sancionado y perseguido. De acuerdo a la resolución municipal, esta situación comprende cada vez que “un funcionario reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales,”. También será considerada como cohecho, cuando  “el funcionario acepte para sí o para otra persona, dinero u otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones”.

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De esta manera, Vergara Martínez intentará acabar con la discrecionalidad en la atención y a la misma vez, contar con armas legales para deshacerse de personal que no cumpla con el perfil de servidor público.

Fuente: Vox

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