Por Pablo Icardi para VoxPopuli

La destitución de Joaquín de Rosas como fiscal de Estado destraba un problema institucional que aqueja a Mendoza desde hace dos años. Es que el jury comenzó en 2012 y desde entonces la provincia tiene a cargo de ese organismo extrapoder a un subrogante, que no tiene el respaldo político necesario. 

Actualmente el cargo lo ocupa Javier Fernández, quien le levantó el perfil a la Fiscalía. Pero tiene las limitaciones políticas (tácitas) de alguien que está de paso y sin el aval necesario. Ahora el gobernador Francisco Pérez debe proponer a un nuevo Fiscal, un cargo clave. Se trata del funcionario que tiene a cargo el cuidado de los intereses de Mendoza y quien ejerce un doble rol como “abogado” del Gobierno y también como defensor del interés de la población en algunos casos. Incluso en varias causas Fiscalía de Estado cumple el rol de “defensor del pueblo” ante la falta de esa institución en Mendoza. El cargo es a propuesta del Gobernador y con aval del Senado. 

Las dudas están puestas en qué pasará con la posible apelación de la defensa y si ello puede frenar una designación.

Un camino zigzagueante

Joaquín de Rosas tuvo un camino extraño en Fiscalía de Estado. Había llegado al cargo en 2010 por el retiro de Pedro Sin y luego de haber estado a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas durante muchos años. Un dato curioso es que la causa que lo llevó a la destitución había sido presentada como antecedente negativo en la audiencia pública donde se puso a consideración la postulación de De Rosas. El ex abogado de Vila presentó la denuncia por los favores que De Rosas le hizo al grupo empresario. Pero los senadores no le dieron importancia al tema y finalmente votaron favorablemente en la sesión secreta. Ahora fue destituido con los mismos argumentos.

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Pero antes ya había tenido otro traspié. De Rosas fue propuesto anteriormente como Fiscal por el ex gobernador radical Roberto Iglesias. Pero en esa oportunidad el senado le dio la espalda y cosechó más bolillas negras que blancas. Ayer en los alegatos, el abogado del fiscal suspendido dijo que todas las decisiones que tomó De Rosas habían sido avaladas por el entonces gobernador Iglesias. 

“La Corte nacional va a revertir el fallo”

Joaquín de Rosas se presentó a la audiencia luego de los problemas de salud que habían obligado a posponer el desenlace del jury. Y estuvo acompañado por su esposa y su hijo. En el debate no agregó nada y solamente agradeció que le hayan dado tiempo para estar.

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Luego de conocida la sentencia que lo condenó, leyó la notificación, la firmó y se retiró sin hablar, junto a su familia y su abogado. Roberto Godoy Lemos, su abogado defensor, dijo que esperarán a leer los argumentos del fallo para evaluar la apelación. Pero ya adelantó que sí seguirán ese camino. Incluso dijo que el fallo, según él, no tiene futuro. “Estoy casi seguro que la Corte de la Nación lo revoca. No será el primer caso en que se revoca una decisión de un Jury. Son instancias judiciales, nosotros somos técnicos y veremos”, dijo Godoy Lemos.

A lo largo del debate el abogado hizo mención a una serie de situaciones que él considera irregulares y que marcó como posible causa de nuevos recursos para revertir el fallo. “Yo he ido denunciando en la medida que aparecieron las irregularidades jurídicas. Por eso la cantidad de reservas federales que tengo. Hay que leer los fundamentos y ver si es aconsejable ir a la Corte”, dijo el abogado.     

“Es una bisagra para la vida de Mendoza”

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La ex diputada Patricia Gutiérrez, quien fue una de las autoras de la denuncia al  fiscal de Estado, dijo tener satisfacción por el fallo del jury que destituyó a Joaquín de Rosas, sobre todo, porque “funcionó el sistema”. “Lo que más me alegra es que funcionó el sistema, el jury como institución. Se hizo el proceso, se presentaron las pruebas y el acusado tuvo defensa. Creo que correspondía la destitución porque quedó probado que De Rosas personalmente es quien se ocupó del tema. Lo importante es que funcionaron las instituciones, y no estamos muy acostumbrados a que funcionen”, dijo Gutiérrez.

Para los denunciantes, la sentencia del jury marca un antes y un después en la relación entre los empresarios y los funcionarios del Estado. “Creo que acá se ha marcado una bisagra. Muchas veces hay sospechas sobre funcionarios que están sospechados de favorecer a determinados empresarios. La destitución de un Fiscal de Estado marca un antes y un después en este tipo de relaciones entre empresas y funcionarios”, aseguró Patricia Gutiérrez. “Esto fortalece la democracia. El próximo Fiscal de Estado deberá saber lo que pasa si no cumple y defender los derechos de los mendocinos”, dijo Daniel Di Martino.

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