La presencia de las partes y los testigos en las audiencias demandará que jueces, abogados y personal judicial se expresen de modo accesible para todos.

La introducción de la oralidad en los juicios civiles no solo mejorará los tiempos en que se resuelve un caso, sino que también, será más sencillo de entender para quienes no tengan una formación en derecho. De esta manera jueces, abogados y personal judicial deberán dirigirse en un lenguaje sencillo y dinámico para que las audiencias se desarrollen con la normalidad y celeridad esperada. Además, la Nación aportará fondos para optimizar la tecnología y agilizar las comunicaciones.

El Protocolo de Gestión de la Prueba en Mendoza acordado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos propone una nueva forma de entender los juicios, ya no como un procedimiento exclusivo para letrados, sino más bien, como un proceso para la solución de conflictos entre personas.

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Para lograrlo, las audiencias se deberán realizar acompañadas por el empleo de lenguaje sencillo y la eliminación de frases solemnes, tan comunes en la forma de dirigirse tanto por abogados, jueces u otros empleados judiciales.

A partir de ahora, los procesos de conocimiento en los juzgados involucrados se gestionarán mediante dos audiencias con presencia del juez: una preliminar, y una de vista de causa, que será grabada por video, en la que se concentrará la prueba oral.

De este modo, los largos juicios de hasta 5 años serán reemplazados por un proceso de dos audiencias, que en casos de siniestros viales no podrán exceder de los 4 o 5 meses hasta obtener sentencia o mejor aún, lograr una conciliación a mitad de camino.

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Para facilitarlo, ambas partes deberán estar presentes junto a sus abogados, y la ausencia de alguno será suficiente prueba para darle la razón al otro y dar por finalizado el pleito.

Políticas de Estado

Esto será posible gracias al doble impulso de dos políticas públicas generadas en simultáneo desde la Nación y la Provincia. Se trata de los fondos aportados por el Programa Justicia 2020, los cuales servirán de plataforma para la entrada en funciones -si la Legislatura no retrasa su aprobación-, del nuevo Código Procesal Civil, que se adapta al Código Civil y Comercial vigente desde agosto de 2015.

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El nuevo sistema descansa sobre dos pilares: la oralidad del proceso y digitalización de los expedientes. Sin embargo, para ambos es necesario algo más que la voluntad, por lo que el ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano comprometió la llegada de alrededor de $4,5 millones de pesos, que, junto a otros $1,5 millones incluídos en el próximo presupuesto provincial, servirán de impulso para la transformación tecnológica del Poder Judicial.

La inversión se volcará en tres carriles: acondicionamiento de las salas de audiencia (12 ya se encuentran operativas), adquisición de tecnologías para documentación y puesta en marcha del expediente digital, y capacitación para el personal.

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