El funcionario recordó que el Registro de Deudores Alimentarios se creó en Mendoza en marzo de 2001 por la Ley 6879 pero en esa norma no se contemplaba la publicidad del mismo. En setiembre de 2011, a partir de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, trabajado juntamente con el Poder Judicial y algunos legisladores, se sancionó la ley 8.326 con el objetivo de mejorar la eficacia del registro.

”Esta nueva ley –dijo González- subsanó algunas omisiones al respecto del órgano competente, el procedimiento de inclusión, las prohibiciones y establecía la publicación mensual del Registro de Deudores en la página web del gobierno y en diarios de circulación masiva”.

La primera publicación en los medios de comunicación fue en octubre de 2011 y fueron 295 personas las que, según la justicia, estaban en mora.

El Poder Judicial incorporó en ese listado a las personas que incumplieron su deber de pagar la cuota alimentaria establecida durante 3 meses consecutivos o 5 meses alternados.

El ministro de Gobierno señaló que las altas, las modificaciones y las bajas en ese listado sólo se realizan por orden judicial y es competente el mismo juzgado que dictó la resolución condenando a la prestación alimentaria.

También González resaltó que el deudor alimentario que figura en el Registro no puede ser designado funcionario en la administración pública centralizada, descentralizada de los tres poderes del Estado, ni en entes autárquicos, empresas y sociedad del estado y obras social del estado. Tampoco pueden ser contratados como proveedores del Estado, ni pueden adquirir habilitaciones, concesiones, licencias, permisos, préstamos, líneas de crédito o subsidios.

La publicación del listado impacta en la sociedad

Félix González se mostró satisfecho porque en el listado del mes de abril se registraron 25 bajas en relación al de marzo. ”Eso significa que esas personas regularizaron su situación con respecto al derecho de sus hijos de crecer con las mismas condiciones y oportunidades que aquellos que conviven con ambos padres. La publicidad del listado por parte del Estado –afirmó el ministro- impacta en la sociedad, que a su manera tiene influencia sobre aquellos que no cumplen con sus hijos”.

También el funcionario rescató que muchas mujeres y hombres, a partir de esta publicación decidieron concurrir a los juzgados para reclamar el pago de las cuotas alimentarias.

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