Con el nuevo Pacto Federal Minero en puerta y encaminado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, se suma una oportunidad para el desarrollo de las energías en Argentina, esto es un Acuerdo Federal Energético sobre el cual plantear las políticas a largo plazo asegurando la eficiencia del recurso.
El subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, asistió al encuentro y confió que la propuesta es “muy importante para darle un tratamiento serio y a largo plazo al desarrollo de las energías”. El 22 de diciembre se reunirán nuevamente los participantes para continuar trabajando en el proyecto.
Por otro lado, el funcionario agregó que la postura de Mendoza será que este tratado apueste a valorar las energías como parte del desarrollo de las economías regionales. “Nos hemos propuesto, con el ministro Vaquié, que este acuerdo reconozca a las energías como un vector de desarrollo para las economías regionales, que se la considere como una herramienta de desarrollo y que no sólo se plantee la necesidad de proveer energía barata a los grandes centros de consumo”.
Plan estratégico
El acuerdo contiene 10 cláusulas propuestas desde la Nación que deben ser acordadas por las provincias e incluyen, en primer lugar, los roles que tendrá cada Estado participante, entes reguladores y empresas estatales nacionales y provinciales y los mecanismos de coordinación entre las jurisdicciones. Además, se creará el Consejo Federal de la Energía (CFE), un órgano consultivo sobre el desarrollo energético del país.
Asimismo, se desarrollará un plan energético estratégico con contemplación de escenarios a mediano y largo plazo para formular planes y priorización de proyectos, con un desarrollo ambiental sustentable. Esto incluye el cumplimiento de compromisos internacionales sobre cambio climático.
Con respecto al punto de matriz energética, se busca incrementar la participación de energías limpias y renovables y el impulso del desarrollo del potencial hidroeléctrico y de biocombustibles del país. En cuanto a los hidrocarburos, se coordinará una política nacional para exploración y explotación y se trabajará coordinadamente con las provincias para incentivar las inversiones a través de licitaciones abiertas, transparentes y competitivas.
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