Por Pablo Icardi para VP

Si la promesa se cumple, todos los funcionarios públicos de Mendoza tendrán su vida en una “caja de cristal”. O algo parecido. El Gobierno envió el proyecto de ética pública que se había comprometido a proponer y se trata de una propuesta más rigurosa que la legilación nacional. En realidad el proyecto se restringe a la presentación de la declaración patrimonial de todos los funcionarios, pero con un alto nivel de detalle: tienen que declarar todos los bienes suyos y de sus familiares cercanos y esa información será pública.

Además tiene un alcance abarcativo: incluye a todos los poderes del Estado y organismos descentralizados. La novedad es que los jueces de la Suprema Corte y el procurador también tienen que hacer público sus bienes según el proyecto. Zafaron el resto de los magistrados oridinarios y camaristas. También deberán rendir cuentas los funcionarios de Irrigación, Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y organismos como el Casino, que siempre son fuente de polémica.

Aunque públicamente no lo recononcen, la iniciativa genera bromas puertas adentro de la “corporación” política. Pero más aún en otros organismos como el Poder Judicial, los entes de control y organismos descentralizados que suelen pasar desapercibidos.

La propuesta fue enviada ayer a la Legislatura. El 1 de mayo el gobernador Francisco Pérez había anunciado la idea en el discurso de apertura de sesiones ordinarias. Aunque tardó, la propuesta llegó.

Los funcionarios que no cumplan recibirán multas con descuentos de sus sueldos.

La normativa es similar a la que regía en la Nación antes de las modificaciones. Pero es más rigurosa. Así, los funcionarios deberán presentar la declaración jurada de bienes que presentan ante la AFIP, pero también “una nómina detallada de todos los bienes e ingresos propios, los de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso una sociedad de hecho y los de sus hijos”.

En esa lista tienen que incluir inmuebles, bienes registrables y muebles de valor, participación en sociedades, acciones, ingresos, cuentas y todos los datos patrimoniales.

Aunque hay una parte librada a la reglamentación, en el proyecto no se pone ningún condicionante, al menos por ahora, para acceder a la información. Y parte de esa declaración deberá estar publicada en Internet.

En Mendoza hasta ahora los funcionarios presentan su declaración de bienes en sobre cerrado y la depositan en Escribanía General de Gobierno. Pero es secreta. En la gobernación de Arturo Lafalla se hizo un intento por crear un organismo de control de la transparencia con la Inspección de Gobierno, pero no tenía poder real. Iglesias lo disolvió y restringió el acceso a la información patrimonial. Cobos amagó a hacer algo publicando su declaración de bienes, aunque no hubo nada formal.

Esa información sirve para saber en qué situación se encuentran los funcionarios para investigar luego si se enriquecieron ilícitamente.

La Escribanía General de Gobierno tendrá a su cargo el “Registro de Declaraciones Juradas Patrimoniales de la Función Pública”, lugar donde serán presentadas, registradas, conservadas y organizadas. En enero de cada año los funcionarios deberán actualizarla.

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