Controlada por productores, con participación estatal pero privada, fue intervenida por el Estado cuando el sindicato que nuclea a sus trabajadores expuso el faltante del pago de salarios porque el gobierno no había girado el dinero. En ese momento se creó una comisión investigadora especial en la Legislatura, mientras que desde el Ministerio de Agroindustria se dijo que la intervención le permitiría al Estado conocer de cerca cómo se maneja el dinero en la fundación impulsando una auditoría externa.

Después tomó intervención la Fiscalía de Estado y tras investigar el Fiscal o subrogante, Javier Fernandez, realizó la denuncia penal contra los Consejos de la Administración de la fundación CO.PRO.SA.MEN desde 2010 a 2013.

El Fiscal de Estado fundó su denuncia en la prueba recopilada por la Comisión Investigadora formada por el Senado, como así también del expediente investigativo que tramitara paralelamente la Fiscalía de Estado; entendiéndose que de tales instrumentos surgirían las irregularidades y presuntos delitos denunciados.

Analizados todos los elementos probatorios por el Fiscal de Estado, surge con altísimo grado de certeza la participación y responsabilidad de funcionarios en las distintas irregularidades administrativas y delitos penales, toda vez que los Directores de Ganadería Provinciales no pudieron no conocer o incluso participar en tales conductas.

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Fernandez acompañó a la denuncia penal un gran volumen de prueba integrado por todos los expedientes que evidencian el actuar ilegítimo; siendo la cabeza de ellos el expediente nº 63962/2012 de la Comisión Investigadora de la Fundación CO.PRO.SA.MEN. originario en Senado Provincial, el que consta de más de 800 fojas, como así también una auditoría dispuesta por el Ministerio de Agroindustria y Tecnología.

Entre las irregularidades denunciadas se habló de la inexistencia de un inventario actualizado de los bienes de la institución, no se sabe con exactitud la cantidad de vehículos y quién los tiene a cargo; tampoco se pudo comprobar cuántos y cuáles son los bienes inmuebles propios de la Fundación.

Se pone en evidencia el grave desmanejo de las cuentas bancarias con las que operaba la fundación, utilizando para el movimiento diario cuentas no oficiales, la existencia en Tesorería de cheques de terceros sin depositar, la existencia deudas por una suma superior a los $ 5.000.000; la ATM informó una deuda de $ 1.141.703 por incumplimiento de pago desde el año 2008; la compra de equipos en desuso por el valor de equipos nuevos, así como la entrega de tractores nuevos sin el correspondiente contrato de comodato ni firma por parte de los presuntos beneficiados.

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Se aporta a la denuncia una auditoría efectuada por el ISCAMEN que evidencia la incorrecta aplicación de fondos de convenios 2011 por un monto de $ 1.389.512.

Una denuncia de uno de los productores dio cuenta de reiterados mecanismos de estafa mediante el cual entregaban equipos usados instando a los productores a que firmaran como nuevos.

Otra de las irregularidades denunciadas es la existencia de órdenes de pago tramitadas y cumplidas por los Consejeros sin estar acompañadas de los comprobantes de rendición de gastos.

En contra de lo dispuesto por el estatuto de la Fundación que prohíbe la remuneración de los cargos, los Consejeros se fijaron mensualmente para el presidente sueldos $ 11.000, el vicepresidente de $ 6.000, el Tesorero de $ 9.500, el Secretario de $8.500 y para los vocales $ 1.000 por reunión asistida. Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2013 el Consejo presentó viáticos injustificados por $ 528.000.

Surge también de un informe de la Dirección de Personas Jurídicas que desde Julio del 2009 hasta mayo del 2013 el Consejo no dejó constancias en un libro de actas de las reuniones efectuadas, lo que pone en duda la validez de las decisiones adoptadas y su debido respaldo volitivo.

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Javier Fernandez manifestó que “la importancia de la denuncia realizada es que se puso en riesgo el funcionamiento del sistema sanitario provincial, la seguridad alimentaria de los mendocinos si tenemos en cuenta que es el organismo encargado de mejorar la calidad de las actividades agropecuarias y agroalimenticias, así como el control de plagas en toda la provincia”.

Fiscalía de Estado solicitó la acumulación de su denuncia a otra que fuera interpuesta por el interventor de la Fundación Coprosamen, a fin de que el Fiscal Penal tenga un panorama de todas las cuestiones graves que se habrían producido en el seno de la Fundación.

El Dr. Fernandez comentó que ha remitido copias de la denuncia y sus conclusiones al Senado y al Ministerio de Agroindustria y Tecnología a fin de que sea agregada a los antecedentes e investigaciones que en esas reparticiones se tramiten. Asimismo, explicó que Fiscalía de Estado a se ha constituido como parte acusadora en el sumario administrativo iniciado por el propio ministerio y en la denuncia penal a fin de tener intervención en los procesos y poder colaborar con la acreditación de los hechos.

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