La falta de consulta popular, de un informe de los departamentos de San Rafael y General Alvear y el incumplimiento de los procedimiento estipulados en las leyes nacionales y provinciales sobre cuidado del medio ambiente son algunas de las objeciones que un grupo de vecinos e integrantes de asociaciones de asambleas del agua y por los bienes comunes hicieron contra el avance del proyecto minero Hierro Indio. Esta es la única de las dos iniciativas que se estudian en comisiones del Senado que sigue en carrera, ya que se acordó dejar en suspenso la de Cerro Amarillo hasta tanto esté terminado el mapa de los glaciares ubicados en la cuenca del río Grande, la zona donde se prevé emplazarlo.

Los integrantes de las comisiones de Ambiente e Hidrocarburos del Senado continuaron con el análisis de los dos proyectos mineros que impulsan el Ejecutivo provincial y el comunal sureño: Hierro Indio (hierro) y Cerro Amarillo (cobre), que pretenden emplazarse en el departamento de Malargüe y que ya cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Ambos buscan el visto bueno legislativo para iniciar las etapas de prospección y exploración (sin afectación ni penetración del suelo) ya que, si pretenden a futuro avanzar en la explotación, deberán iniciar un nuevo proceso.

De acuerdo al detalle publica por prensa de Gobierno, el proyecto Hierro Indio se ubicaría a 55 kilómetros al suroeste de la villa cabecera de Malargüe, con una inversión inicial de 2 millones dólares, que generará empleo de manera directa para unas 30 personas.

Cerro Amarillo (cobre) se emplazaría a 60 kilómetros en dirección oeste del centro malargüino, con una inversión prevista de 10 millones de dólares, que dará empleo a 100 personas de manera directa.

A la reunión en el Senado asistieron todos los involucrados en el tema, tanto los que impulsan los proyectos como los que creen que la explotación minera no es el camino para crecer. Estuvieron presentes los ministros de Energía, Marcos Zandomeni; de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde; los integrantes de cámaras mineras, los empresarios y quienes forman parte de las asambleas por los bienes comunes y el agua, cuyos argumentos serán escuchados el miércoles a las 9.00.

Ni bien comenzó el encuentro, algunos senadores explicaron que los integrantes de las asambleas presentes les había entregado una nota en la que advertían sobre la intención del Ejecutivo de modificar la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la minería. Zandomeni y Elizalde aseguraron que el Ejecutivo no promovía ningún proyecto de modificación de la norma y que la directiva del gobernador Francisco Pérez era que cualquier iniciativa minera respete todas las normativas vigentes.

Palabra autorizada

En el encuentro hubo dos voces clave: la de Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y la de Mario Salomón, secretario de Gestión Hídrica del Departamento General de Irrigación (DGI). Sus aportes fueron fundamentales para determinar si la puesta en marcha de estos proyectos afectaría tanto a los glaciares como al recurso hídrico.

Villalba fue claro. Explicó que el Ianigla era una institución científica, no de gobierno, responsable de la realización del inventario nacional de glaciares previsto en la Ley 26639 de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Repitió a los presentes que la norma no iba en contra del desarrollo de ninguna actividad, sino que buscaba proteger estas reservas hídricas en estado sólido, algo estratégico para el país. Y les aseguró que Argentina carecía de información básica fundamental, que permitiría analizar los datos de manera sistemática y monitorear los cambios para poder tomar decisiones inteligentes.

LEÉR MÁS  Desde el miercoles rige la nueva Ley de Seguridad vial

Sus palabras fueron clave para dejar en suspenso uno de los proyectos analizados, Cerro Amarillo. Villalba explicó que el inventario de las cuencas mendocinas estaba listo; esto incluía a las de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel, pero aún faltaba la del río Grande, justamente la zona donde buscaba emplazarse la iniciativa minera. Por esto, sugirió que esperaran esa información –que estaría lista hacia fin de año– para tomar una decisión respecto de este proyecto.

Villalba también explicó que la Nación había elevado al Ianigla un pedido especial para establecer a la del Río Grande como un área prioritaria de trabajo y lograr que el informe de los glaciares de la zona estuviera listo en 180 días. A su vez, ese pedido fue elevado a la Secretaría de Ambiente por el ministro de Tierras de Mendoza, Guillermo Elizalde, según comentó en la reunión en el Senado.

La sugerencia de Villalba de esperar el informe para continuar con el análisis de Cerro Amarillo fue tomada por los legisladores. La razón es simple: si en la zona donde se pretende emplazar el proyecto existen reservas de agua en estado sólido, la ley de Glaciares prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera que pudiera afectar la condición natural de las masas de hielo.

Teniendo en cuenta esto, el legislador radical Alejandro Molero propuso no avanzar en el análisis del proyecto hasta tener el relevamiento de los glaciares, ya que si existían reservas de agua en estado sólido “sería una pérdida de tiempo y esfuerzo” seguir estudiando la iniciativa. El oficialista Fernando Simón apoyó la idea, al igual que el resto de los integrantes de la comisión, con lo cual la iniciativa para explorar si existe cobre quedó en suspenso.

En carrera

El proyecto que continuará siendo analizado es Hierro Indio. Zandomeni fue el encargado de presentar la iniciativa, dijo que esta explotación estuvo en funcionamiento en los años ’40, que la empresa utilizará un magnetómetro para rastrear magnetita y ni bien terminó de decir esto, ingresó al salón un hombre con una especie de mochila en la que cargaba el aparato que se utilizaría en esta tarea. También señaló que el consumo de agua previsto, sería sólo el que necesitaran para beber los trabajadores.

La senadora de la Izquierda Noelia Barbeito puso objeciones al proceso por el cual se había obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Repitió una y otra vez que no estaban claras las diferencias entre los procesos de prospección y exploración, y que la ley era clara al determinar que las empresas debían realizar dos procedimientos diferentes –uno para prospección y otro para exploración– y no juntos como estaban en el expediente.

Zandomeni explicó las diferencias entre los procesos y por qué se concretó un procedimiento conjunto. Los legisladores no quedaron conformes, por lo que fue el asesor jurídico del Ministerio, Eduardo Sánchez, quien aseguró que no hacía falta realizar dos procedimientos, ya que se daba por supuesto que quien solicitaba la exploración iba a realizar la prospección. Esta fue la única vez en que uno de los integrantes de las asambleas por el agua levantó la voz y aseguró que ese procedimiento no es el que está previsto en las leyes.

LEÉR MÁS  Un bebé mendocino de 5 meses falleció en un vuelco en San Juan

La senadora Ana Sevilla, quien presidió la comisión, pidió que los presentes no intervinieran con declaraciones, ya que su voz sería escuchada el miércoles a las 9.00. Los invitó a hacer silencio o a retirarse.

El senador radical Armando Camerucci también planteó la necesidad de que los departamentos de San Rafael y General Alvear emitieran un informe sobre el impacto que podría causar el proyecto en sus comunas. Dijo que este paso estaba previsto en las leyes y que además era de “sentido común” ante cualquier emprendimiento de estas características.

Otra vez la voz de los científicos fue clave. Salomón, de Irrigación, comentó que, de acuerdo a la evaluación técnica sobre el proyecto Hierro Indio en su etapa de prospección y exploración, “no existe ningún tipo de afectación de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos” ni tampoco existía “afectación para otros departamentos”. Explicó que había evaluado la cantidad de agua que utilizarían, que sería sólo para el consumo humano, según la presentación que hizo la firma de capitales nacionales.

Villalba también dio su opinión científica. Dijo que el proyecto se encontraba “fuera de todo el sector donde se ubican los glaciares”. Respondió a una pregunta del senador Simón respecto de la altura en la que ubicaban las reservas hídricas en estado sólido en relación con el emprendimiento. El director del Ianigla otra vez aportó claridad: dijo que los glaciares se ubicaban a 2832 metros, mientras que Hierro Indio se emplazaría a 2400 metros, es decir, por debajo de la zona protegida.

Las opiniones del experto de Irrigación y del Ianigla fueron fundamentales para que el proyecto Hierro Indio continuara siendo analizado por las comisiones del Senado.

Las voces de las asambleas

Aunque recién podrán opinar sobre los proyectos el miércoles a las 9.00, los integrantes de las asambleas por el agua y por los bienes comunes participaron en el encuentro y mostraron su descontento.

Amalia Ramíres, de la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe, planteó su postura respecto del proyecto Hierro Indio. Dijo que no se habían seguido los pasos previstos en la ley, que los procesos de prospección y exploración se realizaban en forma separada y no de manera conjunta, de acuerdo a lo que marcaban las normas provinciales, las que también establecían que era necesario pedir un informe a los departamentos que pudieran ser afectados por el emprendimiento, en este caso San Rafael y General Alvear.

Otro de los integrantes de la asamblea, Ricardo Jakovcevic, explicó que no sólo se hicieron en conjunto las presentaciones de las etapas de prospección y exploración, sino que toda la información técnica estaba relacionada con la primera (que no implicaba toma de muestras) y no con la segunda.

Alberto Kobayashi, de la Asamblea del Agua de General Alvear, planteó que el proyecto para extraer hierro no había cumplido con los pasos previstos en la ley para obtener la declaración de impacto ambiental y que nunca debería haber llegado a la Legislatura sin el informe de las comunas de Alvear y San Rafael y sin pasar por una consulta pública.

LEÉR MÁS  Asesinaron a un joven en su propia casa

Los integrantes de las asambleas confirmaron que estarían presentes en la reunión del miércoles, donde los legisladores escucharían sus opiniones, y deslizaron que analizaban presentar un amparo judicial si no se cumplían los pasos previstos en la normativa vigente.

Sin voluntad de control

El geógrafo Marcelo Giraud, profesor asociado de las cátedras Geografía de los Espacios Mundiales y Problemas Ambientales en las Zonas Secas de la carrera de Geografía de la UNCUYO, coincidió con las críticas que hacían los integrantes de las asambleas al proyecto Hierro Indio. Dijo que la ley establecía que se diera vista del expediente y se solicitara informe a las comunas que pudieran ser afectadas, en este caso San Rafael y General Alvear, y que también era indispensable cumplir con la consulta pública, no sólo porque estaba contemplado en las normativas sino porque era relevante en un sistema democrático.

Giraud, quien es integrante de la Asamblea Popular por el Agua, recalcó que en ninguna parte del expediente se hacía mención a la Ley Nacional del Ambiente, que en su artículo 20 preveía la realización de los procesos de consulta popular.

El profesional recalcó que, en el caso del proyecto Cerro Amarillo –que quedó en suspenso hasta que estuviera listo el mapa de glaciares de la cuenca del río Grande– la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “fue emitida de manera ilegal”, ya que no se había cumplido con ninguno de los requisitos previstos en las leyes vigentes.

Para Giraud, en ambos proyectos lo adecuado hubiera sido que el Ejecutivo pidiera la opinión de los expertos del Ianigla y de Irrigación antes de que las iniciativas llegaran a la Legislatura. Para el profesional es incorrecto que los senadores deban decidir cuando es el Ejecutivo el que debe velar porque las iniciativas cumplan con todos los pasos previstos en la legislación.

El geógrafo también habló sobre las posibilidades de control que el Ejecutivo tenía de los proyectos que se pudieran poner en marcha. Dijo que no contaba con los recursos humanos, técnicos, ni de movilidad para controlar en forma eficiente a las empresas que realizaban iniciativas mineras. Fue más allá: señaló que el Ejecutivo “no tiene voluntad de controlar” y que la muestra de ello estaba en que ni siquiera era capaz de abrir los expedientes para que todos los interesados tuvieran la posibilidad de participar, de discutir, de dar su opinión, en base a la información existente.

Giraud recalcó que, aun en los países con gran desarrollo minero, era un hecho que el riesgo de contaminación nunca era cero en esta industria, por eso era fundamental no sólo que se cumplieran las leyes sino que se promoviera la participación de la comunidad. “Tenemos derecho a decidir sobre nuestro territorio”, señaló.

El miércoles, los vecinos y los integrantes de las asambleas del agua tendrán la posibilidad de opinar y su voz será escuchada por los funcionarios y los legisladores.

Fuente: Edición UNCuyo / Verónica Gordillo

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here