Por Pablo Icardi

El Gobierno siente la presión de los reclamos por la inseguridad. Y por eso buscan generar hechos y descomprimir parte de esa responsabilidad en los otros poderes del Estado que también tienen que ver con el tema. Por eso, como primera medida luego de la crisis generada por el asesinato de Sebastián Prado el gobernador Francisco Pérez se reunió con la Corte para proponerles una reforma en una parte del Poder Judicial. Los cambios son en particular sobre quienes tienen a cargo la primera intervención y la investigación de los delitos, es decir los fiscales y jueces de garantías.

En ese camino Pérez anunció que transferirá la policía científica a la órbita del Poder Judicial. La decisión es fuerte porque significa el cambio de manos, la transferencia de recursos y acomodar dos mundos que no siempre se llevan bien: la policía y los fiscales. Cuando esa medida se ejecute, ese brazo de la policía dejará de depender del Ministerio de Seguridad para pasar a la estructura del Ministerio Público y trabajarán bajo las órdenes de los fiscales. Hoy en total hoy son 170 policías.

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El Gobierno tiene apuro, pero en el Poder Judicial ponen reparos. Y el primero en poner un freno fue el procurador de la Corte, Rodolfo González. “Este es uno de los temas que estamos tratando de estudiar, para eso nuestros equipos técnicos que van reunir para pulir cuestiones legales. Son situaciones muy complicadas. El tema policial es un tema difícil, sensible”, dijo González tratando de amenguar el apuro del Gobierno. Incluso dijo no poder asegurar que la medida de se ejecute este años. “El traspaso de la policía no es solamente un convenio, tienen que pasar los recursos, los materiales para que hagan su trabajo, las movilidades, los lugares donde trabajan. Buscar quiénes se van a hacer cargo. Todo depende de los recursos”, dijo el Procurador.

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En el Ejecutivo, sin embargo, aseguran que sí se puede avanzar y que en no menos de un mes y medio se podría hacer el traspaso: “Presentamos un modelo de convenio. Se puede hacer el traspaso a través de un Decreto y una Acordada. El traspaso se hace con todos los recursos”; aseguró Romina Ronda, subsecretaria de Justicia. El cambio apunta a reemplazar un proyecto nunca cumplido que es el de la policía judicial. Así, los policías de científica trabajarían bajo las órdenes de los fiscales evitando también una doble vía de investigación en cada delito.

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La reforma se complementa con otros cambios en el mismo sentido. Como se había anunciado, avanzarán en la Legislatura para que los juzgados correccionales también se conviertan en juzgados de garantías. Se trata de los magistrados que actúan en gran parte de la parte operativa al inicio de las investigaciones de delitos y, entre otras cosas, autorizan los allanamientos, escuchas telefónicas y autorizan la prisión de sospechosos. Hoy hay 6, que además subrogan juzgados de ejecución. Por eso con el cambio quieren llevarlos a 10.

También proponen aumentar la “oralidad” en los procesos y sumar más juzgados de flagrancia.

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