Integrantes de la comisión de Economía de la Cámara de Diputados se reunieron con Juan Rubio, José Salcedo y Miguel Sostres, representantes legales e integrantes del comité de crisis de la empresa con paquete accionario de Cartellone S.A., para delinear medidas a tomar en función del atraso en el pago de las quincenas a sus empleados, atraso de depósito de recursos a productores y cumplimiento de compromisos comerciales asumidos.

Los legisladores ofrecieron el espacio de diálogo con la empresa con el objeto de alcanzar soluciones fundamentalmente enfocados en la preservación de las fuentes laborales y en la recuperación de recursos para productores a los que se les adeudan quincenas y el pago por mercaderías, respectivamente.

La concurrencia de los invitados estuvo dada por la Resolución que aprobó Diputados por unanimidad, rubricada por Edgar Rodríguez (UCR) y coautoría de Javier Molina (PJ-FPV).

Informaron los representantes legales que a la fecha la deuda es de alrededor de $10.000.000, de los cuales el 80% es con los productores y el 20% con los empleados de la firma; más la entrega de latas con durazno a la cadena de supermercados Coto.

Asimismo, se presencia un período de negociación para la venta de la fábrica por lo que mucha de la información que surge de esas reuniones pueden ser producto de las transacciones que se acuerden con el comprador, sobre el cual no se mencionó identidad con el objeto de preservar el interés comercial de ambas partes.

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Vista la situación actual de deuda en las quincenas, explicaron los representantes que ya han abonado la totalidad de los sueldos al personal temporario de la fábrica, aproximadamente 500 personas, por lo que resta ahora buscar el método para estar al día con las quincenas de la planta estable de trabajadores, alrededor de 50 personas.

Se indicó que son 45 días de atraso los que se mantienen y que la propuesta será de abonar la quincena más el 15% mensual de la deuda cada 15 días (30% en el mes), pudiendo llegar a completarse el pago de la deuda en 3 meses. Si bien los trabajadores estarían de acuerdo con esta decisión, entienden los diputados que deben darse garantías para que ello suceda.

En este sentido, se les propuso que se ofrezca el azúcar del que dispone la fábrica junto a latas de producto envasado para que los propios trabajadores tengan la seguridad de que se les cumplirá; y llegado el caso, ofrecer el parque automotor que la firma posee aunque eso pueda condicionar la negociación por la venta de la fábrica.

Un método similar se propuso para los productores que ven pasar los días sin remedio a la situación. Los legisladores propusieron que la firma abone cierta cantidad de dinero adeudado y ponga en garantía parte de bienes de capital, con el objeto de que se acepte la propuesta, y los damnificados puedan reinvertir el dinero en poda y/o compra de material que les permita continuar con la actividad.

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Para el caso de las empresas con las que se asumió el compromiso comercial, se acordó la posibilidad de liberar latas con el producto envasado, dando cumplimiento a lo acordado.

En este punto, se dialogó sobre el precintado que se hizo sobre 10 millones de latas ordenado por la Justicia, quien también falló a favor de Coto para el retiro de 4 millones. De esos 10 millones, alrededor de 800.000 latas se encuentran en Lavalle, en otra firma de la empresa, pero también con un condicionamiento judicial. Coto, avalado por la medida judicial, retiró solo 250.000 latas.

Un factor dialogado, menor en el escenario de situación pero a tomarse en cuenta de acuerdo a los compromisos comerciales, es que las latas con destino a la cadena de supermercados salen “desnudas”, con el objeto de que la firma compradora estampe su marca en las mismas.

Con este panorama, la empresa deberá comenzar a cumplir con los requisitos judiciales pero a su vez, trabajar para el sostenimiento de los acuerdos con los empleados y productores, tomando como premisa fundamental el sostenimiento de las fuentes laborales y el compromiso de pagar las deudas poniendo en garantía también las latas, en última instancia.

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Los representantes legales se comprometieron a buscar las soluciones judiciales pero paralelamente realizar el pago correspondiente a las quincenas trabajadas y mercadería adquirida, y las adeudadas, y a sostener diálogos y presentaciones específicas para liberar el producto precintado por orden judicial.

Satisfecho pero atento al cumplimiento de la empresa, el diputado Edgar Rodríguez explicó que “nosotros queremos que a los trabajadores y productores les paguen y que cumplan con los compromisos comerciales y que continúe la fábrica. Que San Rafael no pierda una industria porque ya ha perdido muchas. Estamos tratando de moderar la situación”.

En el mismo sentido, el justicialista Javier Molina indicó que si la fábrica transmite “a los empleados y productores que tienen voluntad de pago es bueno, pero es necesario un gesto concreto de la empresa con el aporte de recursos. Pagar.”

Agregó Molina que “los productores confiaron en la empresa y no han iniciado acciones judiciales porque han creido en la palabra y que al fin van a cobrar por sus productos. ´

Finalmente, los legisladores resaltaron que seguirán de cerca el accionar de la empresa en función de que se cancele la deuda que se mantiene con los productores y los empleados, y luego los compromisos comerciales, ya que la actividad económica que dinamiza en el sur provincial es muy grande y muchas familias dependen de ello.

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