Supongamos que una mujer fue contratada para trabajar en la muestra ”La Brújula”, que duró un par de meses, el año pasado y luego se la podría haber encontrado como secretaria de algún dirigente del área de Cultura. Luego ese funcionario justificaba el cobro de esa factura garantizando que había cumplido tareas como secretaria. Esta es una situación que ejemplifica la denuncia que presentaron el secretario de Cultura Gareca y y el subsecretario de Justicia Marcelo D’ Agostino.

Como se había anticipado los funcionarios radicaron la denuncia este miércoles 20 a la mañana en la Fiscalía de Delitos Complejos a exfuncionarios que se desempeñaron en el área de Cultura por haber firmado contratos ralizados de modo ilegal. Hasta ahora se conocían dos modalidades de los llamados contratos ”basura” por las organizaciones sindicales: el monotributista y el que es por pago de tareas cumplidas. La denunciada sería una nueva anera de precarizar aún más el trabajo estatal.

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    La acción presuntamente fraudulenta, también puede ser tomado como una modalidad de falso contrato ya que, según la demanda, se contrataba a personas para una tarea y terminaban haciendo otra. Es decir a los trabajadores se los contrataba para un evento específico, con un pago determinado, y luego estos prestaban servicio de manera permanente por ese mismo monto haciendo otro tipo de trabajos.

Los colaboradores directos del gobernador Alfredo Cornejo acudieron a la justicia para que se convoque a los exfuncionarios del área. Según Gareca, son irregulares porque no tienen un marco legal, ya que no tenían seguro, ART ni obra social. Además, los trabajadores cobraban cada tres meses.

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    El secretario explicó que los contratos eran eventuales, pero que en realidad los trabajadores prestaban servicios cotidianamente durante todo el año, cumpliendo funciones distintas a las que el papel especificaba. Por ejemplo, se contrataba a alguien para trabajar en algún evento en particular, con fecha de inicio y de finalización, y en realidad prestaban servicio como secretarios de los distintos funcionarios que ha tenido el Ministerio de Cultura. Esas, dijo Gareca, son las irregularidades. Estas personas cobraban alrededor de 30 mil pesos cada tres meses.

Por su parte, D’Agostino explicó que para que estos trabajadores con contrato eventual cobraran, necesitaban la conformidad del funcionario, quien le conformaba la factura y certificaba que prestaban servicios en ese lugar. Cuando estos empleados quisieron pasar a planta, los mismos funcionarios daban constancia de que cumplían otra función. D’ Agostino informó que la figura o la acusación penal de la denuncia la determinará el fiscal, aunque puede ser algún tipo de malversación o un incumplimiento de deberes de funcionario. Esta denuncia caería principalmente en los funcionarios, no sobre los empleados, en principio.

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Finalmente, Gareca aseguró que desde la Secretaría de Cultura no se encuentran en condiciones de recontratar a todas esas personas, teniendo en cuenta la realidad económica de la provincia y sobre todo de esa área, que tiene una deuda de 50 millones de pesos aproximadamente.

Fuente: Unidiversidad

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