Roberto Cipriano es coordinador del área de Encierro de la Procuración de Violencia Institucional de la Nación y pasó este fin de semana por Mendoza con el fin de constituir, junto a autoridades mendocinas, el primer Comité para la Prevención de la tortura, tratos crueles y degradantes en contextos de encierro. Durante su estadía, el funcionario realizó una visita a las cárceles de Mendoza y fue categórico al referirse a la situación que atraviesan las personas privadas de la libertad.

“Conocí la cárcel de Boulogne Sur Mer y San Felipe y salí con mucha preocupación, porque hay lugares que son catacumbas. Existe un problema serio de vulneración de derechos”, aseguró.

El coordinador además se refirió especialmente a los presos jóvenes, y sostuvo: “Algunos están alojados en cuevas, en lugares oscuros que no reciben la luz del sol. Muchos están encerrados por 23 horas cada día y eso es la violencia estructural que ejerce el Estado contra estas personas”.

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Por otra parte, respecto a las torturas en los contextos de encierro de todo el país, Cipriano puso como ejemplo a Buenos Aires, donde durante 2013 se realizaron 4 mil denuncias por violencia institucional, y apenas 7 fueron caratuladas como torturas. El resto recibieron la calificación de apremios o abusos.

“La tortura es una práctica sistemática, no estamos frente a casos aislados, es un problema estructural, una práctica común. No hay lugar de encierro donde no se torture, y esto hay que asumirlo para poder tratar esta realidad”, dijo.

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En este panorama, por demás aterrador, Cipriano asegura que los malos tratos y torturas se convierten en “una forma de gobierno de estos lugares de encierros, una forma de trabajar con estas personas, de ver al encerrado como un animal y no como humano”.

Frente a esto, en la provincia se constituyó el Comité para la Prevención de la tortura, tratos crueles y degradantes, organismo que actuará en los lugares de detención para inspeccionar, recibir denuncias y elevar un informe sobre este tipo de prácticas.

Dicho organismo está conformado por El Ejecutivo, el Poder Judicial, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael, la Casa por la Memoria y Biblioteca Popular, el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, la Fundación Derecho y Cultura, el área de Encierro de la Procuración de Violencia Institucional de la Nación y el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación.

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Al respecto, la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda dijo que “se capacita al personal penitenciario, se realizan cursos de ascensos y se fortalece el Instituto de Formación Penitenciaria con convenios con la Universidad Nacional de Cuyo. La Defensoría del Personal Penitenciario canaliza los reclamos y denuncias de un conjunto de agentes de seguridad que no puede agremiarse y la constitución de este Comité es fundamental ante un crecimiento de la población carcelaria en un 20% en un año”.

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