La iniciativa aprobada propone modificar las prisiones preventivas y modernizar la forma en que se decide quiénes deben estar en situación de encierro, protegiendo a la sociedad de los probables autores de hechos delictivos graves, poniendo énfasis en los principios legales, las necesidades sociales y la importancia de administrar justicia en tiempo y forma.

Uno de los principales voceros y defensor de la iniciativa es el senador Alejandro Molero, presidente del bloque de la UCR en la Cámara Alta, quien explicó: “Se ha dado una conjunción de hechos en torno a esta problemática que sufre a diario la ciudadanía de la provincia de Mendoza. ¿Cuáles son esos hechos? Un gobernador con mucha contundencia y mucha firmeza planteando este tema, una batería de leyes que se viene aprobando en los últimos tiempos, relacionada al tema de la seguridad o de la inseguridad en la provincia de Mendoza, y esta modificación del Código Procesal, que entendemos todos que también va a atender esta problemática y que en conjunto es la batería de leyes que necesitamos para avanzar definitivamente en el tema”.

Con respecto a la postura del PJ, que en principio manifestó algunos reparos al proyecto, dijo: “El PJ manifestó su acompañamiento y creo que la buena voluntad para que esto rápidamente se convierta en ley. Por otra parte, hizo muchos aportes que enriquecen la norma y que han sido tenidos en cuenta, y también algunos reparos en cuanto a la estructura carcelaria. Pero desde el Gobierno se está avanzando rápidamente en esta problemática, todos recordamos que es decisión del gobernador avanzar en la construcción de la penitenciaría federal en la provincia de Mendoza”.

Entre los aspectos positivos y con mayor consenso de la iniciativa se destaca la oralidad del procedimiento. Se trata de una audiencia oral donde se ponen en contacto todas las partes, incluida la víctima, lo que le da sensibilidad al proceso judicial. Hoy se realiza por escrito, es más lento, despersonalizado y burocrático.

Respecto a esto, Molero subrayó: “Dentro de la oralidad, hay cosas que son importantes y novedosas, como la participación del juez a lo largo de todo el proceso, ya que hasta ahora- por ejemplo- en las declaraciones e indagatorias participan los secretarios. Con la participación activa de los jueces en todo momento, se agilizará muchísimo y empezarán a darse resoluciones a lo largo del proceso.

Otro de los hechos destacables es la participación de la víctima. La víctima tiene derecho a participar del proceso, a ser indagada, a manifestar qué es lo que le sucedió, cómo fueron los hechos y esto también es muy bueno. Recordemos que la provincia tiene dos códigos y con esto se unifica el Código Procesal Penal”.

Asimismo, dijo que “esta nueva ley prevé marcar y establecer con mucha claridad en dónde se debe dictar la prisión preventiva y terminar con la puerta giratoria del delito en la provincia. Le brindará la celeridad a la justicia que reclaman todos”.
 
Detalles de la iniciativa
 
Hay muchos casos delictivos, de mediana gravedad en adelante, en los que los sospechosos están libres, mientras los imputados por delitos menores a veces permanecen encerrados en la penitenciaria. Esta tendencia es la que obliga a revisar quiénes deben estar en situación de encierro, para garantizar la paz social, y recibir un tratamiento igualitario y justo en cuanto a la aplicación de la ley.

Uno de los pilares de la actualización del Código apunta a mantener aislados de la sociedad a quienes son probables autores de hechos delictivos graves. El Código Procesal Penal es un protocolo de procedimiento ante un delito y define la forma de investigarlo y juzgarlo. El problema es que hoy la aplicación del Código, específicamente en la prisión preventiva, no resulta objetiva.

El fiscal está más dedicado a investigar si el imputado se someterá al proceso que a investigar el delito y si es el autor del hecho. Y el juez debe analizar en cada caso si existe o no peligro procesal, es decir, si el imputado se va a someter o no a un proceso judicial. Y esta situación es subjetiva y da lugar, por ejemplo, a que un homicida esté en libertad mientras el autor de un robo simple se encuentra detenido.

El nuevo Código será una herramienta respecto a la seguridad y a la Justicia, con una serie de puntos positivos. Junto a la audiencia oral con la participación de la víctima y entre otras innovaciones, en términos pragmáticos, si el proyecto se aprueba se dará respuesta a un reclamo social conocido popularmente como “puerta giratoria”. Es decir, quienes son detenidos como sospechosos de un delito son detenidos pero salen al poco tiempo. Habrá más control sobre los delincuentes y plazos que deberá cumplir la Justicia.

Otro de los ejes son los nuevos límites respecto en los casos de flagrancia con la prisión preventiva y con respecto a la Corte. La flagrancia, que debería ser un proceso breve, demora muchos meses y con la reforma estará restringido a sólo tres (meses), mientras que en la Corte deberá durar como máximo seis meses. Actualmente, hay causas que duran más de dos años en esta instancia judicial.

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