El PJ mendocino concuerda entre sí, pero no confía

Por un lado, están las necesidades políticas de los intendentes  que tienen cuatro años por delante de gobierno radical y por otro, los que quieren la confrontación total con el radicalismo, también aparecen en escena los que creen que hay que hacer un acompañamiento.

Habrá que ver como se da el reacomodamiento del PJ Nacional. Aquí quizás sea más fácil, el peronismo mendocino siempre fue kirchnerista por necesidad más que por convicción.

La polémica comenzó con el tratamiento de las leyes recaudatorias de la provincia en la que el gobierno radical obtuvo los votos necesarios para la aprobación de las leyes de Avalúo e Impositiva. Mucho se especulaba sobre la actitud del FpV-PJ que podía o bien ausentarse de la sesión para boicotearla, o asistir y votar dividido como finalmente sucedió.

Quien encabezó la iniciativa de otorgarle al gobernador de Cambia Mendoza las leyes que le permitan aplicar la política recaudatoria desde el próximo mes, fue el sector Azul del peronismo al que pertenecen los intendentes que ganaron sus municipios en las elecciones provinciales: Giménez de San Martín, Bermejo de Maipú, Salgado de Santa Rosa, Righi de Lavalle, Aveiro de Tunuyán y el sector de los hermanos Félix de San Rafael. A ellos responden los diputados Jorge Tanús, que a pesar de ser un disidente dentro de su sector se subordinó al pedido de los caciques, Silvia Ramos, Cristina Pérez, Lidia Ruiz, José Muñoz, Alejandro Viadana, Claudia Segovia, Francisco Cofano, Ernesto Molina y Leandro Giacomelli.

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Por la negativa lo hicieron Omar Parisi, Gustavo Majstruk quien también es del sector azul pero no se disciplinó, Sonia Carmona que responde al ex intendente Ciurca, Lucas Ilardo de La Cámpora, Daniel Rueda, Norberto González, Mario Díaz y Patricia Galván. Estuvo ausente Bianchinelli aunque hubiese votado afirmativamente según trascendió.

Por otro lado el ex gobernador Francisco Pérez sigue siendo el presidente del partido por no haber acuerdo en quién debe ser su sucesor. Además de derrotado y debilitado, ahora el peronismo se encuentra dividido.

La presión de los intendentes a garantizar la gobernabilidad del actual oficialismo se debe a la negociación en las partidas presupuestarias que se destinarán para obras en los municipios. Ellos mismos necesitan los fondos también para poder pagar los salarios y no verse envueltos en la crisis en que Mendoza terminó el 2015 con miles de trabajadores estatales sin cobrar.

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Sin embargo, a pesar de esta división por unanimidad acompañaron las semanas anteriores las leyes de ministerios, endeudamiento y emergencia fiscal que implican superpoderes para el gobernador y ajuste para el pueblo trabajador.

En el Senado donde la vocación servil al ejecutivo se notó más fuerte, quienes dieron su voto negativo a estas leyes fueron Arenas, Agulles y Bauzá.

A diferencia de la Cámara de Diputados donde ningún legislador del FPV hizo uso de la palabra, en el Senado lo hicieron para justificar su negativa y también quienes decidieron acompañar los proyectos para plantear que en nombre de la “política” respaldaban con mayor o menor gustos las decisiones del gobernador. Rara concepción de la política, o más bien una concepción que esconde una identificación de clase y una defensa ideológica a los “pactos” a pesar de las diferencias en los partidos del régimen.

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