El ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Cristian Bassin dio a conocer un decreto por el cual se revisarán, en un período de 90 días, los procedimientos de actuación conjunta del Sistema de Protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Para ello, se exceptuará a la DINAFde las normas dispuestas por el Ejecutivo en cuanto al control y restricción de gastos para la compra de bienes de capital y contrataciones. De manera tal que se dotará al organismo mencionado de mecanismos financieros ágiles para la aplicación en todo este trabajo de fortalecimiento del sistema de protección.

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Esto se realiza considerando el principio de efectividad por el cual se establece el cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en el artículo 32 de la ley Nacional 26.061 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

La idea es que se ejecute rápidamente y en forma participativa se puedan realizar modificaciones de estructura, diseño y formalización de procedimientos y normativa, dotación de recursos humanos y material para fortalecer el Sistema. Es por eso que se instruirá a todas las Áreas del Ejecutivo a involucrarse responsablemente en la temática.

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Además, diseñarán y acordarán nuevos organigramas, protocolos y manuales de procedimientos de manera participativa y eficaz.

De ser necesario, se afectará personal de otras áreas del Gobierno para facilitar y asegurar estas acciones y se armará una Agenda por el Pacto Provincial por la Infancia para lograr un acuerdo con todos los actores corresponsables. La formalización y firma del Pacto por la Niñez se llevará a cabo la primera semana de febrero.

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Hoy se conformará un Equipo Ad Hoc intersectorial para coordinar acciones y realizar un seguimiento del decreto. Esta será la primera actividad de la Agenda, en tanto que luego se realizarán encuentros con organizaciones sociales; sindicales; legisladores; con el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia; referentes de los Órganos Administrativos Locales; autoridades nacionales; autoridades de la Corte Suprema; con intendentes y autoridades municipales; organizaciones religiosas y espacios académicos.

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