Transcurrido ya la mitad del año sin que los trabajadores judiciales hayan recibido su incremento salarial y ante la situación que atraviesan los mendocinos que desde hace 2 meses se ven afectados porque no cuentan con el adecuado servicio de la Justicia, el Gobierno de Mendoza, decidió otorgar el incremento salarial por decreto.

Con fundamentos que relatan todas las negociaciones colectivas que se llevaron a cabo con los distintos sectores de trabajadores del Estado Provincial y, en especial, con los trabajadores judiciales donde interviene el gremio, el Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, el Gobierno manifestó la necesidad de resolver por decreto la recomposición salarial del sector judicial.

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Las instancias de negociación no pudieron tener a la autoridad administrativa del trabajo como árbitro porque la Subsecretaría es un ámbito cuestionado y desconocido por el sector gremial judicial y por ese motivo no se pudieron aplicar las herramientas legales como la conciliación obligatoria que hubiera permitido desarrollar las negociaciones en tiempos y con procesos similares a los aplicados en el resto de las paritarias provinciales, sin la realización en simultáneo de medidas de huelga.

No obstante se desarrollaron numerosas audiencias durante las cuales el Poder Ejecutivo formuló distintas propuestas de incremento salarial a través de un aumento porcentual de la asignación de clases complementando lo convenido a cuenta y efectivizado a partir del mes de enero del corriente año. En forma sistemática y recurrente el sector gremial rechazó las distintas propuestas a pesar de que se formularon mejoras cuantitativas y cualitativas.

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Durante el mes de mayo y junio casi completo, los trabajadores judiciales ejercieron su derecho a huelga afectando el adecuado funcionamiento del servicio de justicia, perjudicando no sólo al ciudadano sino también al Colegio de Abogados de Mendoza. Ellos solicitaron a la Suprema Corte que se les descuente todos los días no trabajados.

En uso de sus facultades previstas en el artículo 128 de la Constitución Provincial, el gobernador decretó dar por concluida la negociación salarial del sector de los trabajadores judiciales y otorgarles un incremento salarial del 20% en la asignación de clase (básicos) a la totalidad de los agentes del Poder Judicial comprendidos de las clases 1 a la 23 y duplicar el monto correspondiente al estado judicial (código 3179), retroactivos al 1 de mayo del corriente año.

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También dispuso el incremento de las partidas presupuestarias necesarias para el reescalafonamiento a la clase inmediata superior de los agentes que revistan en las actuales clases 13 y 14 y el reagrupamiento de choferes.

El decreto se dicta ad referendum de la Honorable Legislatura Provincial.

 

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