En una nueva jornada por los juicios de lesa humanidad que se realizan en Mendoza  se escuchó la declaración del  ex juez Luis Miret, acusado de ser partícipe primario por homicidio agravado por alevosía, privación ilegítima de la libertad, tormento agravado por condición de perseguido político de la víctima, robo agravado por el uso de arma de fuego, allanamiento de morada y autor de delito de asociación ilícita.

Miret abrió su exposición pidiendo absolución en la causa por las que se lo está procesado: “Estoy cumpliendo un deber moral, con un derecho procesal, por lo que pido desde ya la absolución en esta causa, porque considero que soy inocente”.

En su defensa el acusado señaló que su desempeño como juez subrogante durante la última dictadura fue sólo por un período de 16 días corridos, a la vez que expresó haber actuado con gran entusiasmo, “por una cuestión temperamental”. En reiteradas ocasiones se refirió a la Ley 20840 y la definió como “una ley que trataba de poner freno al terrorismo de diferentes fracciones que pretendían tomar el poder” y destacó que en su función hizo un esfuerzo por interpretar la norma dentro del marco constitucional.

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Miret recordó que bajo la vigencia de aquella ley, la tenencia de panfletos era motivo de detención. “La mayoría de los imputados eran perejiles (…) no habían hecho nada del otro mundo”, afirmó y explicó: “en aquellos años la policía era premiada por la generación de sumarios y que este era motivo para plantar causas”.

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En su repaso histórico, mencionó al Comando Anticomunista Mendoza y sostuvo haber sido amenazado -junto con los otros jueces acusados – “por ser blandos con los volches”. Dijo no haber tenido vinculaciones con la policía y ante esto expuso  en su defensa dictámenes en donde habría solicitado iniciar sumarios en lo criminal a encargados de la Policía Federal e incluso haber solicitado prisión preventiva para los generales Maradona, Lépori, Santuchone y Paris Francisca (actualmente procesado).

Aludiendo a su breve accionar como juez, insistió en negar su complicidad con el genocidio. “Siempre fui un indócil a las insinuaciones o pedidos de los gobiernos; esa es una obligación esencial de un juez”, agregó.

Como lo hiciera Romano en la jornada anterior del juicio, Miret dijo que la Justicia sólo podía investigar a través de la Policía, y que esta informaba con resultados negativos.

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Tras la declaración del ex camarista, se dio paso a la ronda de preguntas por parte de la Querella. Tanto el Ministerio Público y como el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos interrogaron al acusado sobre su accionar como juez y la inacción ante los pedidos de Habeas Corpus.

Esta instancia fue interrumpida por un cuarto intermedio y continuará el próximo lunes 28 de abril a las 9.30 , en Tribunales Federales. Para entonces, se estima finalizar con la ronda de preguntas de la Querella y la Defensa y continuar con las declaraciones de  Héctor Rubén Camargo y José Antonio Lorenzo Constantino.

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