Tras haber realizado un importante estudio que testimonia abultada documentación que incluye fotos, videos e imágenes, la Asociación ambientalista Alihuen se presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación bajo la figura de AMICUS CURIAE de la Provincia de La Pampa, en el conflicto que la misma tiene con Mendoza por el Río Atuel.

Estudio Cooperativa 91.7 conversó con Leandro Altolaguirre de la asociación Alihuen, que en lengua mapuche quiere decir Arbol de Pié. Agregamos también que Altolaguirre es intendente de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa

El intendente dejó en claro: “Queremos recuperar los bañados del Atuel, es una zona muy poco conocida” además aclaró que la “presencia de agua en esa zona hacia que hubiera diferentes especies de animales, situación que hoy se ha modificado drásticamente”.

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Altolaguirre explicó también que “los humedales son muy importantes para los pueblos originarios. Los Ranqueles vivían gracias a lo que podían obtener en los bañados”: El funcionario finalmente declaró que ni Mendoza, ni La Pampa deben afectar el natural caudal fluvio ecológico”.

El conflicto por las aguas del río Atuel se remonta al año 1947, cuando se inauguró el embalse El Nihuil, formado en el departamento de San Rafael, en el sur de Mendoza, que modificó el curso del agua, perjudicando supuestamente al oeste pampeano.

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En 1987, la Corte Suprema estableció el carácter “interprovincial” del curso hídrico y reguló la utilización del agua de forma compartida.

En mayo de 2014, La Pampa demandó ante el máximo tribunal a Mendoza por el supuesto daño ambiental que esa provincia ocasionaba y por el incumplimiento del fallo de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar convenios para regular el uso del curso hídrico.

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En la demanda de 2014, La Pampa invocó el “derecho humano al agua”, para que “se declare la presencia de daño ambiental” como consecuencia de incumplimientos de Mendoza a la sentencia de 1987 y otros convenios firmados en los años siguientes.

La provincia de La Pampa había solicitado además que el máximo tribunal ordene el “cese y recomposición” del daño ambiental con obras para “optimizar” el recurso del agua fluvial y condene a Mendoza a pagar una indemnización por los “perjuicios sufridos”, así como pidió que se ordene al Estado Nacional “brindar colaboración para implementar las obras” necesarias.

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