El Departamento General de Irrigación realizó, por primera vez,  inspecciones a establecimientos agroindustriales entre el 20 de marzo y el 20 de abril de 2014, a fin de evaluar la metodología que éstos utilizan para el volcado de efluentes. El operativo arrojó como resultado que casi el 70% de las empresas controladas contaminan.

En total se realizaron inspecciones a 433 establecimientos productivos, de los cuales, el 90% corresponde a bodegas y el 10% a industrias conserveras, aguas gasificadas, etc.

Las tareas del operativo se abocaron a identificar y cuantificar el grado de afectación del recurso, tanto el superficial como el subterráneo; relevar los establecimientos que conforman el Registro Único de Industrias, a fin de actualizar el padrón correspondiente y disponer de información para implementar medidas preventivas y correctivas que promuevan la aplicación de buenas prácticas.

El objetivo de esta iniciativa es promover el compromiso del sector agroindustrial con el cuidado del recurso hídrico, generando espacios que favorezcan la toma de conciencia sobre su preservación, la inversión en nuevas tecnologías y la capacitación en mejores prácticas.

“Veníamos trabajando desde el 2013, controlando a los establecimientos industriales, especialmente a los que vuelcan efluentes en los cauces públicos; sabíamos que teníamos algunas dificultades, pero no de la magnitud que se presentaron cuando hicimos un muestreo mayor, con un triste saldo del 70% de establecimientos contaminando”, explicó José Luis Álvarez, superintendente General de Irrigación.

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El operativo fue coordinado de manera conjunta por las direcciones de Calidad del Agua y de Policía del Agua, conformando equipos de trabajo multidisciplinarios que diariamente, tanto en horario diurno como nocturno, realizaban inspecciones a establecimientos a fin de constatar el impacto de la actividad desarrollada sobre el recurso hídrico.

En cada intervención el personal técnico determinó, en base a las características del vuelco, la posible existencia de contaminación manifiesta o probable, tomando las muestras pertinentes para su análisis. Los mismos serán realizados e informados por el Laboratorio de Análisis (Agua y Suelo, Tratamiento de Efluentes) de la Universidad Tecnológica Nacional en base a los parámetros establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, también se controló el cumplimiento de los convenios firmados oportunamente por algunas industrias, mediante los cuales se comprometían a desarrollar las obras que les permitan acceder al permiso de vertido.

Inspecciones por cuenca

El operativo se llevó a cabo en toda la Provincia, abarcando una amplia muestra de establecimientos productivos. En la cuenca de río Mendoza, el 57% de las empresas se encuentran fuera de norma, contra un 43% que cumple la ley. En tanto, en el río Tunuyán Inferior, el contraste fue mayor, con un 78% contaminante y un 22% en regla. En la cuenca del Tunuyán Superior, el resultado fue un poco más alentador, con el 48% presentando irregularidades y el 52% dentro de los parámetros esperados. Finalmente, en las cuencas de los ríos Diamante y Atuel se encontró la mayor contaminación, con el 88% de establecimientos fuera de norma y sólo el 12% en condiciones correctas.

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También fueron inspeccionados establecimientos de elaboración de espumantes, arrojando como resultado que el 71% incumplen la normativa de vertido de efluentes y sólo el 29 lo hace de manera adecuada.

Sanciones

Las infracciones a la normativa vigente (Res. 778/96 y modificatorias) de volcado de efluentes serán penadas de acuerdo a lo establecido por el artículo 45 de la Ley Nº 6044 y los artículos 131 y 134 de la Ley General de Aguas. Hasta el momento, las multas aplicadas van de los 20 mil a los 150 mil pesos.

Además, otras de las sanciones que contempla la ley son:

Apercibimiento;
Multa entre $ 100 y $ 1.000.000;
Clausura preventiva o definitiva del punto o puntos de vertido;
Revocación del Permiso de Vertido o rescisión del Convenio de Gestión de Permiso de Vertido.
Clausura de la fuente de contaminación;
Clausura del establecimiento;
Caducidad de la concesión del permiso de uso o aprovechamiento de agua, en su caso.
En todos los casos se evalúa, a fin de graduar la sanción, la gravedad de los hechos y de la afectación; la existencia de negligencia o dolo en la infracción; el carácter de reincidente del infractor y demás circunstancias atenuantes o calificantes del caso.

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El proceso de aplicación de multas se encuentra en marcha, en virtud de lo establecido en la normativa vigente. El mismo conlleva una serie de plazos y de intervenciones de áreas legales y técnicas a fin de perfeccionar estas sanciones que pueden ser concurrentes con la aplicación de las restantes penas. Esto sin perjuicio de las responsabilidades del infractor por daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico.

Por otra parte, Irrigación planifica programas de monitoreo que permitan identificar y sancionar a aquellos establecimientos con conductas contrapuestas a los criterios de preservación del recurso hídrico, permitiendo a través de la articulación con organismos (Fondo para la Transformación y Crecimiento, INV) el apoyo a proyectos que permitan a las industrias acceder a mayores cánones de eficiencia en sus procesos.

“A partir de los resultados que hemos tenido en este primer operativo, hemos decidido que, a partir del año que viene, controlaremos el 100% de los establecimientos y que esta política perdurará en el tiempo. Trabajaremos con cada uno de los establecimientos para que sus vertidos estén de acuerdo a una resolución que no es nueva, sino que data de 1996 y después fue actualizada en el año 2000”, concluyó José Luis Álvarez.

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