Organizaciones del colectivo Ni una Menos evalúan presentar un “habeas corpus colectivo” para que las desapariciones de mujeres sean consideradas como casos de trata sexual.

Desde La Colectiva, en conjunto con otras organizaciones que conforman el movimiento Ni Una Menos, evalúan presentar un recurso de habeas corpus colectivo para que se investiguen las últimas desapariciones de mujeres en el Valle de Uco teniendo en cuenta los argumentos previstos en la ley 26.842 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.

La iniciativa surge a raíz de los casos de desaparición de mujeres en esa zona entre los que se cuentan los de Yamila Subia y María Clara Abigail Coronado, de las que aún se desconoce el paradero, y los casos de Sandra Pocovi y Soledad Yucra, que si bien regresaron a sus hogares se desconoce aún cuál fue el motivo por el que desaparecieron durante varios días.

Según afirmó Laura Chazarreta, de La Colectiva, es evidente que podría existir una relación directa entre las desapariciones de mujeres en la zona y el accionar de redes de trata con fines de explotación sexual. Si bien existe una investigación judicial, la misma es por averiguación de paradero. Eso genera preocupación a las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres porque no se ha hecho una relación con la posibilidad del accionar de una red de trata cuando es habitual que las mismas actúen en lugares con vulnerabilidad social en los que las mujeres se encuentran bajo condiciones de pobreza de todo tipo.

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Sobre este punto, Chazarreta dijo: “Lo que hay que saber es por qué desaparecen y por qué el Estado, con sus tres poderes, no se está planteando la relación directa que puede haber entre la trata y estas desapariciones. Creo que es sumamente peligroso tomar esto como hechos aislados cuando hay un contexto social que promueve tanto la feminización como la criminalización de la pobreza al tiempo que promueve ciertos prejuicios como que las mujeres huyen con sus novios o se escapan por un enojo. Esto es básicamente banalizar el problema de fondo”.

En ese marco destacó que la ley nacional prevé que cada uno de los actos que se producen en el circuito de trata representa un delito, desde el momento de la captación hasta el momento preciso de la explotación sexual. Además, la ley dice que no es necesario esperar 48 horas para hacer una denuncia ante un caso de desaparición ya que en ese tiempo se podría sacar a una persona del país, por lo que se puede iniciar una investigación automáticamente después de que se produce el hecho.

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Por su parte, Carlos Blanco, a cargo de la Oficina Regional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dijo que si bien son muchas las denuncias que se reciben en la provincia particularmente desde el Valle de Uco no les ha llegado aún ninguna situación de esa índole. Por eso sugiere que además de presentar el habeas corpus, las organizaciones deberían efectuar la denuncia a través de la línea 145 para que desde allí les den intervención.

Consultada por Diario Vox, Cecilia Labate, coordinadora nacional de la línea 145, informó que en lo que va de 2017 se han recibido desde Mendoza un total de 104 llamados de los cuales 5 de ellos se efectuaron desde departamentos del Valle de Uco. Específicamente 4 desde Tunuyán de los cuales dos fueron por explotación laboral y dos por supuestos casos de explotación sexual y uno más desde el departamento de San Carlos.

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Según información proporcionada por la misma fuente, la cantidad de personas rescatadas o asistidas desde 2008 a junio de 2017 asciende a 11.169 con un pico de asistencia de 2110 casos durante 2015. Lo que llama la atención es que durante los últimos dos años estas cifras descendieron a 666 en 2016 y a 516 casos en lo que va del año.

Al respecto, Chazarreta señaló que el descenso de las cifras no se corresponde con políticas activas sino más bien con un retiro del Estado en relación a esta problemática. “Cuando cada dos días desaparece en el país una mujer como consecuencia de la explotación sexual, esta gestión se encargó de vaciar el comité ejecutivo contra la trata y los programas y organismos que se habían creado ya no están funcionando. Por eso, lejos de preocuparse, lo que esto demuestra es un desinterés total por parte del Estado frente a este tipo de delitos”, cerró Chazarreta.

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