La legislación nacional, contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles a las personas discapacitadas, una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

Según manifestaron los papás de niños con esta problemática, en la actualidad Mendoza no cuenta con una ley que establezca las prestaciones que deben brindar las obras sociales provinciales, por lo que “hay un vacío legal al respecto”.

Añadieron en ese sentido que “si bien con un recurso de amparo se puede lograr el acceso a algunas prestaciones, no todos tienen los recursos económicos o intelectuales para hacerlo, ni tampoco el tiempo”.

“A veces se necesita en forma urgente algún insumo, y no se puede esperar los tiempos que lleva una acción legal”, indicaron.

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Los padres, reconocieron que este problema “no es nuevo”, porque “son muchas las generaciones que vienen luchando por lo mismo”, por lo que piden “que el Estado se ocupe de esta temática. Cuando uno aporta a una obra social, cree que nunca va a tener inconvenientes, hasta que aparece un problema de esta naturaleza, golpea puertas y se las cierran”, manifestaron.

Las quejas planteadas ante la legisladora, involucra a todas las obras sociales de la provincia, incluida la OSEP.

Además de una ley, expresaron la necesidad de contar con una política dirigida a la discapacidad, que contemple también por ejemplo, el acceso a la educación. Al respecto, dijeron que hay algunas escuelas – incluso especiales – que no reciben a niños con discapacidades múltiples.

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Al mismo tiempo, esa “política de Estado tendría que contemplar la capacitación de los profesionales y hacer hincapié en la atención primaria y en la coordinación del trabajo de distintos centros asistenciales”.

“Si bien queremos dar una solución a un problema coyuntural, queremos ir al fondo”, aseguraron.

De acuerdo a los datos aportados durante la reunión, del primer Censo Nacional de Discapacidad que se realizó entre el 2002 y 2003, surge que Mendoza es una de las provincias con mayor población de discapacitados, alcanzando al 10 por ciento.

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De ellos, 6000 niños están escolarizados en escuelas especiales y otros 500 en establecimientos educacionales comunes.

En tanto, otro dato que surge de las estadísticas, es que más del 90 por ciento de esa población con capacidad para el trabajo, está desocupada.

Por su parte, la diputada Martini se comprometió a analizar la legislación nacional y llevar el reclamo de los padres tanto al interior del bloque como a las comisiones de Salud y de Desarrollo Social.

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