El 16 de setiembre colocaron cámaras que fotografían a pasajeros en el 40 % de los taxis y remises de la provincia, gracias a que el Ministerio de Seguridad dio el visto bueno a esta iniciativa del Sector privado. Pero lo que no se tuvo en cuenta es que no hay una ley que regule esto, sino que estaban amparándose en una norma que permite el uso de videocámaras en espacios públicos, pero no en los servicios de transporte.

 

”El problema se va a presentar cuando algún pasajero demande por captación ilegítima de imágenes y el juez tenga que darle la razón, porque no existe una legislación provincial que así lo contemple”, dijo Petri.

 

Es por ello que el tratamiento de este proyecto permitirá llenar el vacío legal que se produjo con la implementación de este nuevo sistema. La utilización de las cámaras de video en el interior de los taxis y remises es un instrumento útil para la prevención y represión de los delitos a la que esta actividad se encuentra expuesta. Ante ello, se debe establecer el marco regulatorio, respecto del uso y tratamiento de imágenes con fines de vigilancia en su interior, instituyendo de garantías a las personas cuyas imágenes son tratadas mediante tales procedimientos.

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Toda cámara capta a las personas físicas, por esto, la grabación de la imagen de un ciudadano es un dato personal y genera un tratamiento de datos. El mismo, comprende la grabación, captación, transmisión, conservación y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquellas.

 

La Ley Orgánica de Protección de Datos glosa: “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. Pero, como resulta imposible obtener el consentimiento de cada cliente que acceda al taxi, es preciso acudir a alguna ley que legitime el tratamiento.

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Así, la norma habilitaría a que los sujetos previstos en su ámbito de aplicación, esto es, empresas de seguridad privada que puedan instalar dispositivos de seguridad, entre los que podrían encontrarse las cámaras, siempre con la finalidad descrita. Por lo que, siempre que se haya dado el cumplimiento de requisitos formales, las empresas de seguridad reconocidas podrán instalar dispositivos de seguridad, entre los que se encontrarían los que captan imágenes con fines de videovigilancia, existiendo así una habilitación legal para el tratamiento de los datos resultantes de dicha instalación.

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Cabe destacar que en el orden nacional, para proceder a una correcta regulación respecto de la utilización de videocámaras en el interior de los automóviles sujetos a concesión para la prestación del servicio público de transporte, es necesario tener en cuenta el dictamen elaborado por la Dirección de Protección de Datos bajo el n° 24/2004 sobre la materia, relativo al uso de cámaras en estadios de fútbol.

 

Este dictamen confirma la aplicación de la ley 25.326, la cual establece la obligatoriedad de la inscripción en el Registro de todo archivo, registro, base o banco de datos público o privado destinado a proporcionar informes, disponiendo los requisitos mínimos a tal fin. En consecuencia, la imagen de una persona podrá ser considerada un dato personal en tanto la persona pueda ser identificada o identificable a través de esa imagen.

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