Con este proyecto de ley se pretende promover “la correcta registración de las relaciones laborales y uniformar la regulación provincial con las pautas nacionales, fijadas en la Ley 26.476”.

 

Esta ley nacional, “de alguna manera establece un régimen de promoción del empleo y de regularización del empleo no registrado, que establece exenciones” y beneficios “para aquellos empleadores que decidan regularizar a sus trabajadores”, dijo Petri.

 

En su artículo 15, “que es el que abre la puerta a este proyecto”, dispone que “las provincias y los municipios pueden, en el marco de la ley, dictar regímenes que se adecuen a lo dispuesto por la ley”, manifestó

 

El legislador sostuvo que la idea es establecer un régimen similar en Mendoza, teniendo en cuenta que a partir de la Ley 25.212 – Pacto Federal del Trabajo -, donde se califican las sanciones y se establecen las multas, la Subsecretaría de Trabajo está obligada, “en el supuesto de realizar inspecciones, a sancionar a los empleadores que no tengan a sus empleados debidamente registrados o que no los tengan debidamente registrados”.

 

Actualmente, se establecen multas que van de los 250 a los 5000 pesos. “Esto es absolutamente gravoso y de alguna manera diametralmente opuesto al espíritu de la ley 26476”, resaltó Petri.

 

Por ello, la propuesta de establecer este régimen de excepción, con el objeto de “liberar al empleador del pago de las multas que tiene con la Subsecretaría de Trabajo y de esa manera propiciar la gestación de empleo”.

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Para acceder a estos beneficios, se deben cumplir dos condiciones: haber adherido a la ley 26.476 y luego, que regularice a todos los empleados que fueron constatados por el acta de infracción.

 

En el caso de que el empleador haya pagado las multas surgidas de las actas de infracción, se le reconocerá un crédito fiscal que podrá ser utilizado en el pago de impuestos provinciales.

 

Acompañado por el ministro de Gobierno, Mario Adaro, el subsecretario de Trabajo de la provincia, Jorge Gabutti, y el director Regional de Cuyo del Ministerio de Trabajo de la Nación, Miguel Cerutti, Petri señaló la necesidad de sancionar esta ley “rápidamente” por los tiempos perentorios que tiene la ley nacional que fue prorrogada por 180 días a partir del 1 de agosto.

 

Cerutti, dijo hasta el momento en Mendoza, se ha blanqueado a unos 14 mil trabajadores, y en el país, la cifra asciende a 300 mil, gracias a la aplicación de la ley nacional.

 

Asimismo, adelantó que se está trabajando con distintas cámaras empresarias y sindicatos, para modificar algunos aspectos de los convenios colectivos de manera tal que posibilite un “acceso más rápido a la registración”, como así también, por iniciativa de la provincia, “se está trabajando con la AFIP para modificar el tema del alta temprana”.

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Esto beneficia a la zona Cuyo, donde “tenemos mucha actividad rural y a veces es imposible desde el campo poder inscribir a la gente vía Internet porque no hay acceso a ese sistema, y se está buscando la solución para que al empresario le sea más fácil poder llenar el requisito que establece la AFIP”, añadió.

 

Por su parte, el ministro Adaro agregó que desde el Poder Ejecutivo se enviará a la Legislatura otro proyecto de ley que complementará al presentado por Petri, que tiene que ver “no sólo con la posibilidad del blanqueo” sino también con la posibilidad de que “frente a un cumplimiento de la legislación laboral, aún cuando se haya aplicado la multa, es decir, si aplicamos una multa y posteriormente el sector empresario cumplió, aunque sea tarde, ese sea un condicionante positivo para poder atenuar o condonar la multa”.

 

Ese atenuante “hoy no está permitido”. “Al habernos transferido la Nación las multas, no lo tenemos previsto”, por lo que ambos proyecto vienen a cubrir un vacío legal, en ese sentido, explicó.

 

Además, Adaro puntualizó que han incorporado algunos aspectos, “como la posibilidad de que los sectores de la producción primaria puedan perder el beneficio de la tasa cero en caso que se encuentre trabajo infantil”.

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En el mismo sentido, el diputado Luis Orbelli (PJ unipersonal), expresó que “todo lo que signifique blanqueo y beneficios a los trabajadores me parece bienvenido” y resaltó la importancia de “armonizar este tipo de normativas con el sector empresario” porque “si no hay empresas no hay trabajadores y si no hay trabajadores no hay organizaciones sindicales”.

 

“Cuando entendamos esto, vamos a tener una mejor producción, una mejor predisposición y seguramente entre todos buscaremos un mejor vivir y un reparto más equitativo de las ganancias”, subrayó.

 

De la presentación del proyecto, participaron además Javier Palau y Mauro Sosa, del Centro de Bodegueros y Viñateros.

Entre otros aspectos, la iniciativa de Petri establece que:

 

* La liberación de las infracciones, multas y sanciones sólo será procedente cuando se haya regularizado la totalidad de los trabajadores que hayan estado comprendidos en la imputación que motivara el acta de infracción.

 

* El acogimiento a los términos de la ley podrá hacerse hasta el 31 de enero de 2009, plazo que podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo provincial.

 

* La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la provincia.

 

 

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