Denunciaron a Jorge Giménez por «favorecer» a la empresa de fotomultas de San Martín

Concejales de Cambia Mendoza aseguran que la empresa Systeco se lleva el 70% de la recaudación contra el 30% del municipio.

Una grave denuncia contra el intendente de San Martín, Jorge Giménez, realizó el bloque de concejales de Cambia Mendoza junto a dos de sus legisladores, a quien acusan de favorecer a la empresa que presta el servicio de foto-multas en el departamento.

La denuncia fue presentada ante los organismos de control, como Fiscalía de Estado, Tribunal de Ética Pública, Tribunal de Cuentas y también ante la justicia penal de la Tercera Circunscripción Judicial, quien la caratuló como «Averiguación de delito».

En una conferencia de prensa brindada en un café de San Martín y de la que participaron los concejales de Cambia Mendoza Elizabeth Cordeschi, Sergio Dubé, Raúl Rufeil y Daniel Llaver, junto a los senadores Claudia Salas y José Orts, se brindaron pormenores de la investigación que han venido llevando a cabo en el tema de las fotomultas, informó hoy el diario Tiempo del Este.

Concretamente, buscan saber a cuánto asciende el perjuicio patrimonial que viene sufriendo la municipalidad de San Martín, por la firma del convenio con la empresa SYSTECO SA, en la que le otorga la concesión de las fotomultas, que son realizadas en la ruta nacional 7, dentro de los límites departamentales.

Datos

Según sostienen legisladores y concejales del radicalismo, en base a datos obtenidos del ejercicio contable 2018, en tres años se labraron multas por un total de mil ciento cuarenta y dos millones de pesos (1.142.918.796), de lo que se habría cobrado doscientos treinta millones de pesos (230.804.296).

Del total de este último valor recaudado, al municipio habrían ingresado sesenta y nueve millones de pesos (69.241.289), mientras que SYSTECO SA se habría llevado más de ciento sesenta y un millones de pesos (161.563.007), lo que en términos porcentuales significaría que la empresa prestataria del servicio se está llevando el 70% de la recaudación contra apenas el 30% que le estaría quedando al municipio.

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Si bien la denuncia contó con el aval del resto de los concejales que integran el bloque de concejales de Cambia Mendoza, solo está firmada por Sergio Dubé y Daniel Llaver, que cuestionaron presuntas irregularidades en la implementación del Sistema de Control de Exceso de Velocidad dentro de los límites del departamento, en lo que para ellos puede constituir «un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Luego de detallar las distintas etapas que llevaron al proceso de la instalación del sistema de fotos multas durante la administración de Jorge Giménez, la denuncia efectuada cuestiona la asignación a la empresa concesionaria del pago del 70% de la recaudación percibida, lo que estaría contrariando -de acuerdo a la denuncia- una prohibición expresa de la provincia que tiene un convenio federal aprobado por la Ley Nacional de Tránsito 26.353.

Otro error de procedimiento señalado es no prever la detención e individualización del conductor del vehículo que presuntamente había excedido la velocidad, ya que una de las cláusulas del convenio firmado entre municipio y empresa prevé que «las actas definitivas confeccionadas al presunto infractor, se procederán a requerir el pago a través de correo», lo que concluye que no se ha previsto la detención en el momento de la infracción para proceder a su notificación., procedimiento reñido con la ley 24449 que en su artículo 70 en el que hay que «utilizar el formulario de acta reglamentario, entregando copia al presunto infractor».

En la conferencia de prensa se puso de manifiesto que las medidas llevadas adelante a través de las fotos multas, lejos de perseguir un carácter preventivo hacia los infractores, lo hace con «un fin meramente recaudatorio».

Otro de los errores procedimentales del sistema, para los denunciantes, es que «se presume que el infractor es el titular dominial del rodado, cuando en realidad lo que correspondería es detener al vehículo infractor e identificar al conductor».

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Pedido de suspensión

Los concejales pidieron incluso a los organismos en los que realizaron la denuncia que de ser necesario «se ordene la suspensión de la prestación del servicio a fin de evitar mayores perjuicios para la administración municipal y la comunidad de San Martín».

Para el concejal y candidato a intendente, Raúl Rufeil, esto no es una medida que se realiza con motivo de las elecciones «sino que implica una investigación de muchos meses que han realizado algunos concejales».

En la conferencia de prensa fue citado el caso de Entre Ríos, cuyo gobernador Gustavo Bordet revocó de oficio por «ilegitimidad» tanto la licitación como el contrato de adjudicación con SYSTECO, argumentando que tanto la licitación como el contrato de adjudicación estaba plagado de vicios.

Durante la conferencia, no estuvo presente el edil Mauricio Petri, que fue justificado por Daniel Llaver asegurando que «se encuentra fuera de la provincia».

José Orts, Sergio Dubé y Daniel Llaver, fueron informando a su turno sobre distintos aspectos de la grave denuncia formulada contra el intendente Jorge Omar Giménez y sembraron dudas acerca de SYSTECO, quien en su página oficial se muestra como una empresa de servicios que cobra con «el pago de un porcentaje (a convenir) de las multas abonadas por los infractores mediante cualquiera de los medios de pago habilitados para tal fin que son: Pago fácil, Rapipago, Multipago, y depósito en cuenta especial recaudatoria truncada en el Banco de la Nación Argentina. Esta cuenta será abierta al momento de constituir el contrato y recibirá los pagos de todos los medios antes mencionados».

Fuente: Diario Tiempo del Este

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