Una deuda acumulada de más de 3,5 millones de pesos heredada de la gestión del justicialista Juan Carlos De Paolo motivó la primera denuncia penal presentada por la administración del radical Walther Marcolini ante la justicia penal de General Alvear.

A ella se suma la que radicó en la Seccional 14 de policía el mes pasado el secretario de Obras y Servicios Públicos, Víctor Álvarez, luego del robo de una computadora de una de sus oficinas que contenía gran cantidad de información sobre diversas obras y los gastos efectuados.

Los fondos adeudados fueron retenidos de los salarios de los trabajadores de la planta municipal entre los meses de abril y noviembre de 2015, y corresponden a diversos ítems que el Ejecutivo anterior nunca depositó ante las entidades correspondientes, según explicó el propio jefe comunal.

“Estas retenciones efectuadas a los trabajadores han sido indebidas, los perjudican frente a sus acreedores y entendemos constituyen un mal desempeño de los deberes de funcionarios públicos, por lo que hemos dispuesto solicitar a la Justicia que investigue el caso”, detalló Marcolini.

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La denuncia fue radicada por el asesor letrado del municipio, Sergio Alonso, ante la Fiscalía Civil, Correccional y de Instrucción de Alvear, a cargo de la fiscal Ivana Verdún.

“Por ahora es la única presentación formal que se ha realizado, pero nuestros equipos técnicos están trabajando en todas las áreas y si corresponde, se harán las denuncias que sean necesarias”, precisó el intendente, que deslizó que “un manto de corrupción” sobrevoló la gestión de De Paolo.

De acuerdo al abogado municipal, la deuda se acumuló ante la falta de pago de la de afiliación al sindicato, préstamos, cuotas alimentarias y otros, que la comuna descontó mensualmente de los haberes de los empleados pero que nunca trasladó a sus respectivos destinatarios.

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“La retenciones existen y el municipio debía depositar ese dinero o entregarlo mediante un cheque a las distintas entidades, pero nunca realizó los pagos” especificó Alonso, y agregó que desde hace meses que la nueva gestión no deja de recibir emplazamientos.

“Lo que hay que contestar es a dónde fue a parar esa plata, porque en el municipio  no está. Esto constituye un delito y la fiscal deberá calificarlo”, afirmó el letrado.

Del total de 3,5 millones de pesos adeudado, hay en marcha un plan de regularización en cuotas de las que ya se abonó un 15%.

Misterioso hurto

Aunque el edificio municipal cuenta con un sistema de seguridad instalado hace algunos años, casualmente no funcionó durante el mes de febrero y eso fue aprovechado por anónimos para ingresar por la noche y sustraer una computadora de la oficina de Obras y Servicios Públicos, donde había otros tres aparatos similares que no tocaron.

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En el ordenador robado se detallaba la información sobre numerosas obras que hoy también están bajo la lupa de los radicales, desde la construcción del tendido de cloacas del barrio San Carlos en 2012 hasta el plan de recambio de luminarias de mercurio a sodio, cuyo fondos fueron aportados por el Pronuree y que hoy reclama la restitución de más de 3 millones de pesos que desde el año 2011 no fueron rendidos ante la Nación.

“No sabemos con exactitud qué información había ni cuánta, pero la estamos recuperando a través del Gobierno de la Nación y de la UTN” comentó el secretario Álvarez.

Fuente: Los Andes

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