A medias logró su objetivo el gobernador Alfredo Cornejo. Le sacó al titular de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la promesa de un plenarios para “analizar” los pedidos del Ejecutivo en relación al fallo de la semana pasada que avala una presentación de una ONG garantista respecto a los plazos de la prisión preventiva.

Pero por otro lado, dejó en claro que si no se revén algunos puntos, enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley que modifique el Código Procesal Penal y revierta lo determinado por la Corte.

No obstante, en una reunión que duró más de dos horas, los modales entre Cornejo y sus colaboradores, y el ministro de la Corte, Pedro Llorente, fueron de lo más cuidados. Ninguna de las partes quiere romper y desatar un conflicto entre poderes de dudosa resolución.

Así, Llorente promedió un plenario para analizar los pedidos del Ejecutivo. La reunión sería en las próximas horas, y de participarán los siete ministro del máximo tribunal mendocino. Es que justamente en la reunión de este lunes con Cornejo, no estuvo ninguno de los tres jueces que firmaron el fallo: Omar Palermo (redactor), Jorge Nanclares, Julio Gómez y Alejandro Pérez Hualde. Fueron de la partido en el cara a cara con el Gobierno, Llorente, Hermán Salvini, Mario Adaro y el procurador Rodolfo González.

Pero más allá de la apuesta de Cornejo al “diálogo” y la “comprensión” de la Corte, el Gobierno tiene un plan B: utilizar la mayoría que tiene en ambas cámaras de la Legislatura provincial y modificar por ley el Código Procesal Penal, para, en todo caso, ir en contra de las dispocisiones del fallo. Así, podría doblegar la postura de la Corte, que, según el Ejecutivo, atenta gravemente contra el sistema de seguridad de la Provincia.

Para los jueces esto no es así, para nada, sino que sólo se dejó en claro en la resolución, que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, que los fiscales la deben solicitar pero los jueces darla o no, y que de ninguna manera, como se ha dicho, se liberarán 800 delincuentes.

“No es legal que existan personas detenidas sin orden de juez competente por largos períodos de tiempo y en razón de ello se han dispuesto judicialmente los procedimientos indispensables para garantizar la inmediata actuación del juez tal como lo exigen las leyes procesales vigentes, la Constitución de Mendoza de 1916 y los Tratados Internacionales de DDHH incorporados a la Constitución nacional. Por ello, la Suprema Corte de Mendoza ha establecido un protocolo de regularización de esa situación. No se trata de ordenar libertades masivas, sino de asegurar procedimientos de adecuación de la detención de personas mediante jueces imparciales”, indicó el tribunal en un extenso comunicado.

En ese sentido, la Corte ratifica que no pueden haber personas privadas de su libertad sin intervención de un juez: “La prisión preventiva es excepcional por su naturaleza y no porque lo disponga una sentencia de la Corte; por lo tanto, exigir que se demuestre razonablemente ante un Juez que existen elementos de prueba suficientes para ordenar que una persona imputada de un ilícito penal sea sometido a prisión antes de la sentencia, no es más que cumplir con las leyes vigentes”.

Como queda claro, lo que para la Corte es un tema que se debería resolver fácilmente, para el Gobierno esta resolución “pone en crisis al sistema de seguridad de la provincia”, como dijo Cornejo apenas enterado de la sentencia.

No obstante los canales de diálogo, por ahora, están abiertos, y habrá que esperar para ver si la Corte en definitiva revisa el fallo, lo que sería un hecho inédito al menos en los últimos años.

Fuente: LPO

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