Si bien los sistemas biométricos (de pulgar o rostro) para atestiguar presencia son muy comunes en las empresas privadas, universidades y el mismo Gobierno, su introducción de manera masiva en las escuelas públicas ha generado una discusión desde el ámbito legal sobre la viabilidad de su aplicación.

El proyecto que propone la implementación de sistemas de control biométricos para las asistencias de docentes y alumnos genera controversia y hasta podría ser una fuente de futuras demandas contra el Gobierno.

Especialistas indican que si la información tomada se usa para ocasionar perjuicios contra los docentes, podrán ser ellos mismos, el sindicato o una ONG quien accione, por lo que recomiendan implementar sistemas que reserven el secreto de la información que se tome de niños y niñas.

    Provocar una catarata de acciones legales

Como su objetivo es controlar a los docentes para certificar la asistencia y también el pago de los ítems presentismo y “aula”, sus resultados podrían no ser los esperados por la Dirección General de Escuelas y provocar una catarata de acciones legales de parte de los mismos docentes.

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Consultados por DiarioVox, abogados especialistas en protección de datos indicaron que “no hay problema que se tome esta información, siempre y cuando no se use para provocar un daño contra los mismos empleados”. En estos casos, no estarían amparados por la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales -también conocida como Habeas Data-, pero sí podrían realizar acciones de “daños y perjuicios”. “En este caso serían ellos mismos, el sindicato o una ONG quien encabece la demanda”, señaló Facundo García, abogado especialista en el tema.

    No siempre se corresponde con la realidad.

El problema se desprende porque los controles biométricos brindan un tipo de precisión horaria de ingreso y salida de los docentes que no siempre se corresponde con la realidad. “Es muy común entre los docentes de nivel medio que corren de una escuela hacia otra y siempre tienen alguna demora, que terminan compensando quedándose después de clases o con tareas complementarias. Algo que debería tratar de incorporarse a la nueva medición para no crear inconvenientes”, precisó García.

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Los docentes miran con recelo la decisión. Por un lado, por el control, pero también por el tipo de inversión que creen que se necesita. “Hay escuelas que se caen a pedazos, se quedan sin luz por las malas instalaciones y van a gastar en eso”, se quejó una docente.

    ”Que paguen todas las horas extras”

Desde otro punto de vista, hay quienes le ven una arista positiva: que se registren las horas extra. “Si marcamos cuando entramos y salimos, entonces que registren y paguen todas las horas extras que hacemos. O incluso si quieren que registren las horas en las que trabajamos en casa”, aseguró una profesora.

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Con los niños

En el caso de su implementación con niños y adolescentes, la situación se vuelve más delicada. Como se entiende que en la simple toma de datos no corre peligro ningún derecho del niño, no habría ningún impedimento legal para tomar las huellas dactilares para su carga en el sistema.

No obstante, el problema surge en el almacenamiento y uso que se le den a esos datos. Desde un estudio jurídico explicaron que “en caso de que incurran en una publicación de esos datos o sean cedidos a otra organización, en ese caso sí estaría habiendo una violación de la Ley 25.326”.

Fuente: Vox

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