Las cárceles mendocinas se encuentran saturadas y el Gobierno provincial quiere que cada municipio construya su propia unidad penal para albergar a los presos de su departamento y, así, descompriman el sistema. También anunciaron que le pedirán a la Nación para concretar este proyecto.

Desde el gobierno justifican la idea haciéndola ver como una necesidad de terminar con los problemas de hacinamiento de las unidades penales locales. Según datos actualizados al 4 de abril, el sistema penitenciario mendocino alberga a 3996 internos, un número que excede las 3548 plazas permitidas. Esto es determinante para que medio millar de personas privadas de su libertad duerman en colchones sobre el suelo o en lugares que no son aptos.

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El ministro de Seguridad, Giani Vennier, coincidió con el diagnóstico presentado por el procurador penitenciario Fabricio Imparado y otros miembros locales Asociación para la Prevención de la Tortura, sobre las condiciones“humillantes e indignas” en las que viven los presos mendocinos.

La única solución posible

“No puede ser que llevemos tantos años sin poder resolver la situación de 4 mil personas. Desde el Gobierno coincidimos con las mismas preocupaciones pero consideramos que un nuevo fallo solo nos aleja de una solución integral y definitiva”, dijo Venier y propuso que “los miembros de la Corte se valgan de su poder de convocatoria para llamar a una mesa de diálogo donde los actores sociales en su conjunto, debatan sobre la mejor vía a tomar”.

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La idea del Gobierno es que “los internos puedan cumplir su pena sin alejarse demasiado de su familia”. Por lo tanto, una de las ideas que se baraja es la de emplear parte de los $1.200 millones solicitados en la emergencia en seguridad, para destinarlo a “unidades locales, que brinden alojamiento y amplíen el espacio para la realización de actividades laborales, educativas y recreativas”. “Ya existen experiencias en otros países donde las personas que estuvieron en mayor contacto con su familia, reducen la posibilidad de reincidencia”, sostuvo.

Justamente este punto es el que preocupa también al procurador  Rodolfo González, que explicó que “en Mendoza el nivel de reincidencia de delitos es del 40%”. “Si bien estamos muy por debajo de la media nacional del 80%, la reincidencia solo se puede eliminar mejorando las condiciones de vida en las cárceles”.

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Otro punto que preocupa es que alrededor del 13% de la población corresponde a presos federales. “La Nación solo nos paga la hotelería de esas personas, pero deberá sumarse con otro tipo de aportes para garantizar el desarrollo laboral y educativo de todos”. Para eso, adelantaron que solicitarán un representante del gobierno de Mauricio Macri asista a la mesa de diálogo.

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