En los últimos dos días, autoridades de 15 provincias argentinas, funcionarios nacionales y del DGI mantuvieron en Mendoza un taller de trabajo con el fin de definir la relación del nuevo Código Civil y Comercial con el derecho de aguas. El nuevo sistema normativo  entrará en vigencia en agosto.

Para el superintendente de Irrigación, José Luis Álvarez, el encuentro revistió una particular importancia ya que se debatirá sobre “las implicancias del código en cada una de las jurisdicciones”. En nuestro caso, agregó, “estamos planteando un análisis de nuestra Ley de Agua y como nos adecuamos y planificamos, aún más allá del Código Civil, ya que las emergencias hídricas, al menos para Mendoza, se están transformando en una cuestión cotidiana” aseguró.

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Por su parte el vicepresidente del COHIFE y autoridad hídrica de Corrientes, Mario Rujana,  aseguró que “se debe gestionar con  exceso y déficit de agua, ya que  los productores no saben como manejarse en crisis. Porque es en épocas de sequías cuando se nota la falta de gestión”, aseguró.

Por último, Santiago Ruiz, secretario del Honorable Tribunal del Agua del DGI, agregó que se “analizó el impacto que la nueva normativa tiene sobre la gestión de los impactos hídricos, ya que de acuerdo a la Constitución Nacional son de dominio y jurisdicción de las provincias”.

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