YPF: el Gobierno, satisfecho por fallo de la Corte de EEUU

El máximo tribunal estadounidense pidió a la administración de Trump su opinión respecto de una demanda presentada por un fondo buitre.

El Gobierno nacional recibió con medido beneplácito la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de solicitar opinión a la administración de ese país sobre una demanda presentada por un fondo buitre contra la restatización de YPF durante el kirchnerismo y que podría costar al Estado argentino unos 3 mil millones de dólares.

La decisión del máximo tribunal estadounidense se entendió como la más favorable a los intereses del país descartada la posibilidad de máxima solicitada por el Gobierno de que directamente se confirmara la competencia de la justicia argentina para entender en la demanda del fondo que reclama que sea la de ese país.

Además, la decisión de pedirle una opinión al “solicitor general” (o procurador general) e incluso al Departamento de Estado, pudiendo legar hasta el mismísimo presidente Donald Trump, colocó el caso a nivel político en momentos de un fuerte acercamiento entre las casa Blanca y Rosada.

Fuentes gubernamentales dijeron a este diario que la decisión deja mejor posicionada a la Argentina frente al caso y perjudica al fondo demandante que, sostuvieron, esperaba de la Corte la confirmación de la jurisdicción estadounidense.

También entendieron que el fallo marca la trascendencia del asunto para la política internacional de la administración Trump dado que como “amigus curiae” en solidaridad con la posición de Argentina se presentaron ante la Corte los gobiernos de Chile y de México, en este caso del anterior que presidió Enrique Peña Nieto.

La opinión que pidió la Corte no es sobre la cuestión de fondo que ya tuvo dos fallos favorables en tribunales inferiores estadounidenses sino acerca de si la jurisdicción para tramitar la demanda es la justicia de Estados Unidos o la de Argentina, como lo sostuvo el gobierno nacional a través del procurador general de nuestro país, Bernardo Saravia Frías.

La demanda fue presentada hace seis años por el fondo buitre Burford Capital en representación de ex accionistas minoritarios de YPF después de que la empresa fue expropiada por el gobierno de Fernández de Kirchner con el pago de 5 mil millones de dólares a la accionista mayoritaria, la española Repsol. Burford compró los derechos para hacer juicio de algunas de las empresas que también eran accionistas pero que no habían sido resarcidas por la restatización.

El argumento central de los demandantes es que la restatización de YPF violó las leyes de oferta pública en Estados Unidos. Argentina, en cambio, sostiene que fue una decisión soberana por lo que debe tramitarse en el país o ante el Ciadi, el tribunal mundial de resolución de controversias comerciales.

El pronunciamiento de Washington no es vinculante para la decisión que tendrá que tomar la Corte dentro de dos o tres meses. Si llegara a confirmar la jurisdicción estadounidense, el caso volvería a una de las dos instancias inferiores que fallaron contra la posición argentina los últimos años.

Se trata de la jueza federal de Manhattan Loretta Preska, confirmada en segunda instancia por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En ese caso la magistrada deberá abrir un juicio, con lo que es posible que abra además un “discovery process”, procedimiento que obligaría a indagar cómo fue el camino financiero de YPF desde la era Repsol hasta la llegada del Grupo Petersen, la expropiación y el fondo buitre que inició la demanda.

La demanda empezó con ex accionistas minoritarios de YPF tras la restatización en 2012 cuando el Estado argentino le pagó a Repsol, accionista mayoritario, 5 mil millones de dólares en concepto de resarcimiento. Después Burford compró los derechos para hacer juicio de algunos de los accionistas minoritarios que eran parte del Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazy.

El argumento central del fondo buitre es que durante el gobierno de Fernández de Kirchner, la Argentina rompió el contrato de concesión de YPF, al expropiar el 51 por ciento de esa compañía y no haber hecho una oferta a los socios minoritarios. También que por tratarse de un asunto de derecho comercial debe juzgarse en Estados Unidos, lugar de emisión de las acciones de YPF.

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