La Sala II de la Cámara Federal porteña consideró que no hay motivos para que el ex funcionario siga procesado por el presunto pago indebido de subsidios al gasoil a las empresas de colectivos urbanos. Advirtió que los peritajes realizados hasta el momento carecieron de “suficiente rigor técnico”.

La Cámara Federal revocó por falta de mérito el procesamientos del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa que investiga el supuesto pago indebido de subsidios al gasoil de las empresas de colectivos urbanos. Los camaristas de la Sala II Eduardo Farah y Jorge Ballestero desestimaron el peritaje sobre el cual se basó el juez Claudio Bonadio para dictar procesar a los ex funcionarios y le exigieron que repita el estudio con “suficiente rigor técnico”. Por su parte, el camarista Martín Irurzun, autor de la doctrina para encarcelar a los ex funcionarios, votó en disidencia. De Vido, de todos modos, seguirá detenido por otras dos causas.

Ballestero y Farah consideraron que “el juez se ha servido de las conclusiones de un estudio comparativo que, como bien lo señalaron algunas de las defensas en sus respectivos recursos, omitió incluir una serie de variables que necesariamente debieron ser consideradas teniendo en cuenta las características del hecho investigado”. La decisión de los camaristas benefició también a los ex secretarios de Transporte y los ex titulares de la CNRT de la gestión kirchnerista procesados en la causa.

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Bonadio había dictado los procesamientos a De Vido, a quien le impuso un embargo de 1.000 millones pesos, y del resto de los ex funcionarios kirchneristas el 10 de julio pasado. Entonces, señaló que se habían perjudicado las arcas del Estado por “un total aproximado de 403.193.117,2 pesos que corresponden a los subsidios indebidos entregados en pesos 205.376.919,61 pesos, a los litros de gasoil a precio diferencial entregados en exceso”.

La denuncia contra los ex funcionarios la promovió el abogado Santiago Dupuy de Lome —quien se reconoció como “militante” del PRO— a partir de una entrevista que tuvo con el ministro de Transporte, Florencio Randazzo, en la que le había dicho que con la SUBE se ahorraría dinero en subsidios, por lo que Dupuy elucubró que hasta entonces los pagos habían resultado excesivos. La carátula de la causa, como informó PáginaI12, es “Randazzo, Florencio Aníbal, sobre Defraudación contra la Administración Pública”. El ex ministro de Transporte, sin embargo, no fue procesado.

El pago del subsidio —implementado desde 2001 para no cargar el bolsillo de los trabajadores con aumentos de tarifas— se realizaba a partir de un cálculo que cruzaba la cantidad de pasajeros, corroborado por la CNRT con datos de la AFIP, y los kilómetros recorridos por cada unidad, que surgía de una declaración jurada de las empresas. Esa modalidad se modificó durante la gestión de Juan Pablo Schiavi en Transporte, con asistencia de la UBA, para obtener el cálculo a partir de la tarjeta SUBE y los GPS instalados en los micros. Así, en mayo de 2014, se concluyó que los kilómetros recorridos eran más que los que establecía con el cálculo anterior, por lo cual se pagaban menos subsidios.

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Sin embargo, para probar la teoría de Dupuy, como precisó este diario, Bonadio ordenó un estudio que tomó 38 líneas que recorrían menos kilómetros en la medición por GPS que en la anterior y le aplicó ese cálculo a la totalidad, como si todas las líneas hubieran recorrido menos kilómetros, lo que modificó la ecuación para concluir que existió un pago indebido.

Ese fue el camino que recorrieron los camaristas Farah y Ballestero en el fallo revocatorio. “Más allá de los datos que han sido recabados hasta el momento durante la exploración, el a quo deberá arbitrar los medios necesarios para disponer, con la debida intervención de las partes interesadas, la realización de un peritaje con el suficiente rigor técnico como para abarcar ese tipo de factores y detalles, y recabar la prueba informativa complementaria que permita precisar en definitiva los contornos fácticos del caso”, remarcó Ballestero, el camarista que fundamentó la revocatoria de los procesamientos. Farah acompañó su voto.

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De esta manera, con la disidencia de Irurzun, la Cámara Federal también dictó la falta de mérito para los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos y para los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Antonio Sícaro, Pedro Romero y Roque Lapadula. A los 251 empresarios involucrados en la causa Bonadio les abrió un expediente paralelo con el argumento de “no entorpecer el avance de la imputación efectuada contra los funcionarios”.

El camarista Irurzun fue quien ordenó en octubre pasado al juez Luis Rodríguez que dictara el pedido de prisión preventiva y desafuero contra De Vido. Lo hizo en base a la línea argumental del fiscal Carlos Stornelli en la causa Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), según la cual por ser ex ministro De Vido contaba con mecanismos para obstaculizar la investigación en la que ni siquiera había sido indagado. Poco después, Bonadio realizó el mismo pedido en la causa que investiga la compra de Gas Natural Licuado (GNL) entre 2008 y 2015 también basado en un cálculo de sobreprecios hechos por un solo perito, David Cohen, quien se copio parte del texto de sitio web El Rincón del Vago.

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