Una cámara con desprestigio y vínculos con Clarín.

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Uno de los dos camaristas que estamparon su firma en la polémica resolución que dejó en suspenso y volvió a judicializar el 7D es Horacio de las Carreras, denunciado públicamente por el Gobierno nacional por sus vínculos con el Grupo Clarín. Se trata del magistrado que estuvo 15 días en Miami invitado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (CERTAL) que está financiado por el Grupo Clarín, por lo que fue denunciado por el Gobierno nacional ante el Consejo de la Magistratura.
La III Cumbre de CERTAL que se realizó en Miami entre el 1º y el 3 de mayo fue organizada por el Grupo Clarín a través de Cablevisión, y el juez De las Carreras concurrió acompañado por su esposa, con quien se alojó en el lujoso hotel Baltimore.
El ministro de Justicia, Julio Alak, había pedido que el magistrado ”se excuse de intervenir en las actuaciones” relacionadas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El fallo fue firmado también por la jueza María Susana Najurieta, pero no por el único conjuez que tiene la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Martín Farrell.
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, fue muy duro al cuestionar a los camaristas y dijo que demuestra que el Gobierno tenía ”razón” cuando decía que ”los jueces que viajan a Miami financiados por Clarín terminan convertidos en su equipo jurídico”.
”La justicia argentina no está preparada para pelear con las corporaciones porque gran parte está colonizada por esas mismas corporaciones”, afirmó.
La hora de Alfonso
Uno de los puntos que establecieron los miembros de la Cámara Civil y Comercial es que el artículo 161 que establece los plazos de desinversión queda en suspenso ”hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa”. Esto involucra directamente al juez Horacio Alfonso designado como subrogante al frente del Juzgado 1 en lo Civil y Comercial, luego de una sucesión de conflictos por la ocupación del cargo que venía de una serie de subrogancias rotativas.
El pliego de Alfonso como juez fue aprobado por el Senado en septiembre de 2011 dentro de una lista de 53 jueces y un fiscal. En ese momento, Alfonso fue designado como titular del Juzgado Comercial Federal Nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires. El 18 de octubre, la Cámara en lo Civil y Comercial lo designó como subrogante en el 1 Civil y Comercial.
Alfonso registra el antecedente de haber dado de baja una cautelar que beneficiaba al Grupo Clarín cuando fue contra una presentación de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). Ahora tiene en sus manos decidir la cuestión de fondo de uno de los temas centrales para el Gobierno nacional, en una resolución contrarreloj.

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Un fallo que contradice a los supremos
El fallo que dictaron ayer los camaristas Susana Najurieta y Francisco Horacio de las Carreras entra en abierta contradicción con el que dictó la Corta Suprema de Justicia el 22 de mayo. La Corte dijo entonces que ”el 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del artículo 161 de la ley 26.522 (…) y es plenamente aplicable a la actora (el Grupo Clarín) con todos sus efectos”.
La Cámara en cambio dijo que ”las actoras tienen en suspenso tanto su obligación de desinvertir csegún las disposiciones de la ley 26.522 (…) como el curso del plazo de un año que la norma estableció (complementada por las disposiciones reglamentarias), que no ha comenzado a correr a su respecto”, según se lee en el fallo de 8 carillas.

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