Un fiscal pide la documentación que el Ejecutivo se niega a dar, relacionada a los préstamos del FMI a la Argentina

Hay una demanda judicial por la negativa implícita a darles la información pedida a un exfuncionario del Banco Central de la República Argentina (rechazada en primera instancia y actualmente a decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Expediente. N° 7651/2019).

En esa causa, hace poco más de un mes el Fiscal General ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que el Poder Ejecutivo, «mediante una respuesta vaga y evasiva, se ha negado a entregar […] información pública básica sobre los empréstitos contraídos con el FMI durante el año 2018. Nos referimos, entre otras cosas, al texto de los acuerdos suscriptos, a los números de expediente en los cuales tramitaron (y su contenido, por supuesto) y a los estudios técnicos que debieron precederlos” (fs. 2 vta., énfasis del original). Además destacó que tampoco se le informó respecto de la existencia de cláusulas de prórroga de jurisdicción, las características financieras de los acuerdos, de la normativa o actos que habilitaban la suscripción de la Carta de Intención, y tampoco se le proveyó copia de los solicitado “con relación a los señalados pdf que el Ministerio de Hacienda públicó en su página web” (fs, 7/7 vta.)”.

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Para el fiscal, el Ministerio de Hacienda omitió entregar la información requerida en “soporte digital, como expresamente se solicitó en sede administrativa. Y tampoco acompañó esos documentos en tal soporte a este expediente judicial” (fs. 147). Agregó que “[n]o es lo mismo contar con fotocopias de los documentos en pdf impresos desde el sistema […] que con el expediente completo en formato digital. Esto último, permite controlar la autenticidad, fechas de producción, inalterabilidad y otras características del documento que no pueden verificarse en una fotocopia de papel” (fs, 147 vta., énfasis del original).

Al avalar esto, el juez de primera instancia «violó los principios más fundamentales establecidos por nuestra Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos» fs 148). Para la Corte Suprema, la información solicitada de carácter público, «no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina” y que “de poco serviría el establecimiento de políticas de transparencia y garantías en materia de información pública si luego se dificulta el acceso a ella mediante la implementación de trabas de índole meramente formal” (CSJN, “CIPPEC”).

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(fuente: nota de H.V. Sitio El Cohete a la Luna)

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