Un “botín sindical” que la DGE quiere quitarle al SUTE

En mayo el Gobierno decidió pelearle al gremio el control de las Juntas. Y la elección de hoy será la “batalla” final.

La pelea entre la DGE y el SUTE por el control de las Juntas empezó en mayo, cuando el sindicato denunció que el Gobierno quería tomar el control de los organismos colegiados; y tiene el segundo capítulo hoy, con las elecciones.

Hasta 2009, estaban conformadas por la misma cantidad de representantes de los docentes y del gobierno escolar. Después empezaron a ser tripartitas porque se le sumaron integrantes del gremio.

Hoy se eligen los miembros “independientes”, es decir los docentes que supuestamente no deberían responder ni al gobierno ni al sindicato.

Las últimas elecciones fueron en 2013 y se deberían haber realizado nuevas en 2016.

“Se postergaron dos años porque implican un gran gasto público, ya que son competencia del Estado”, explicó la jefa de Gabinete de la DGE, Graciela Orelogio.

A pesar de que la DGE no lleva una lista propia se ha encargado de visibilizar los comicios, las fechas, los horarios y las listas.  Hasta el gobernador Alfredo Cornejo llamó a los docentes a concurrir a las urnas hoy el 3 de diciembre, cuando anunció la marcha atrás a los 190 días de clases.

Además, la información de las elecciones está disponible en la parte superior del portal de noticias de la DGE, espacio que se le da a los temas que quiere poner en agenda.

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Y un detalle más: se decidió liberar de sus funciones en toda la jornada laboral a los docentes que concurran a votar, según la Resolución 8.

Seis listas

En total, hay seis listas. Dos responden a sectores sindicales: la “Negro Pizarrón” y la “Amarilla”. El resto se autoproclama “independiente”. 

El SUTE informó en noviembre en su página oficial que la Negro Pizarrón es la única lista completa con los avales suficientes y que las otras “responden a sus propios intereses ocultos o al Gobierno”. Además, denunció que el Gobierno apoya a la “Amarilla”, vinculada al frente Azul Naranja que presentó planillas de avales adulteradas e irregularidades en la conformación de las listas.

“Cuando cerró la presentación de las listas todas tuvieron problemas con algunos datos y requisitos. Se hicieron las observaciones y se extendieron los plazos. La Junta Electoral está integrada por seis miembros del SUTE y seis de la DGE y en todo momento fue imparcial. La DGE no presenta lista y las únicas que van completas para todos los cargos son la Negra Pizarrón, la Amarilla y la Violeta”, respondió Orelogio las acusaciones del gremio.

“Se trata de elecciones muy importantes porque se eligen a los representantes independientes que inclinan la balanza hacia un lado o hacia el otro. Actualmente, las Juntas tienen la misma composición desde 2013 y han sido las responsables de los desarreglos que se descubrieron a partir del caso de Mariana Caroglio, por eso es tan importante que sean miembros independientes”, agregó la funcionaria.

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Y deslizó que el SUTE usa los fondos de sus afiliados para dar a conocer a sus candidatos en esta elección, lo que pone en desventaja a los independientes que no tienen estructura.

Por su parte, desde el sindicato insistieron en que la DGE quiere tomar el control de las Juntas y vaciarlas de competencias. Y que una de las estrategias es restarles votos atomizando el electorado con una gran cantidad de listas “que se dicen independientes, pero que una vez en el cargo responden al Gobierno”.

El caso Caroglio y la respuesta oficial
A principios de octubre, la senadora provincial de la UCR Mariana Caroglio denunció que el SUTE le había tendido una “emboscada” cuando se presentó a un concurso para ser maestra de la escuela Eva Perón y fue rechazada por la Junta Calificadora de Mérito, aduciendo que no podía postular por su rol actual de legisladora.

Cabe aclarar que la legisladora tiene un cargo de maestra con licencia por mayor responsabilidad.

En respuesta, hace pocos días la DGE dio marcha atrás con cuatro concursos que había avalado la misma Junta. Lo hizo amparada en la decisión que tomó en mayo el Gobierno: hacer cumplir la ley que estipula que las Juntas tienen poder consultivo, pero no de decisión.

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