La justicia logró condenar con sentencia firme al fallecido represor Jorge Rafael Videla en una sola causa, la del histórico juicio a las Juntas Militares que se llevó a cabo en 1985. Si bien, luego de 2003 el dictador sumó varias condenas en su contra, hasta el momento de su muerte, ninguna había quedado firme. En ninguno de los procesos en los que se sentó en el banquillo de los acusados aportó información sobre el destino de los secuestrados.

EL JUICIO A LAS JUNTAS. Videla cumplía la pena de reclusión perpetua impuesta en la llamada causa 13, que juzgó a la cúpula de la última dictadura cívico-militar en 1985. Había sido condenado por los crímenes cometidos durante la dictadura en calidad de comandante en jefe del Ejército entre 1976 y 1978 junto a Emilio Eduardo Massera, quien era comandante en jefe de la Armada, y Orlando Ramón Agosti, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, todos integrantes de la primera Junta Militar. Luego fueron indultados por el entonces presidente Carlos Menem el 28 de diciembre de 1990.

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ROBO DE BEBÉS. En plena vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en 1998 el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich lo detuvo en una causa por sustracción de menores, el único delito que quedaba fuera de la órbita del indulto presidencial, y luego pasó a disposición del ahora ex juez federal Adolfo Bagnasco a raíz de la unificación de la investigación en el fuero porteño. En esa causa fue procesado con prisión preventiva. Videla gozó por un breve lapso de arresto domiciliario en su casa sobre Avenida Cabildo, en el barrio porteño de Colegiales, pero luego fue denunciado por violar las condiciones de ese beneficio al salir a saludar por la ventana de su departamento y se lo envió a prisión. Recién el 5 de julio de 2012 fue condenado a 50 años de prisión por el Tribunal Oral Federal 6 al ser encontrado responsable de la puesta en marcha de un plan sistemático de sustracción de menores a secuestradas en centros clandestinos de detención y puntualmente condenado por 18 casos. Esta sentencia está apelada ante la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que todavía no resolvió.

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