Las diputadas que habían solicitado tratar el tema el 8 de marzo aceptaron dar el debate en comisión, lo que podría demorar unos dos meses. Cambiemos discutía si la cabecera será Legislación General o Salud, encabezada por una macrista antidespenalización.

El debate sobre la legalización del aborto deberá esperar un poco más. Ante la resistencia de Cambiemos y un sector de la oposición, las diputadas que impulsan el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, acordaron bajar el pedido de sesión especial previsto para el 8 de marzo, día en que está convocado el paro nacional de mujeres. La decisión se tomó luego de una reunión con autoridades del oficialismo, quienes se comprometieron a poner el tema en la agenda de la Cámara baja en el corto plazo. Durante el encuentro también les reclamaron a los representantes del PRO, Daniel Lipovetsky y de la UCR, Brenda Austin, que no se realice ninguna maniobra dilatoria mediante el giro de la iniciativa a distintas comisiones.

“Vamos a ir a las comisiones a discutirlo siempre y cuando no sea que estén dilatando la discusión”, definió ayer la legisladora de Libres del Sur, Victoria Donda, una de las firmantes del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo. La diputada recordó que el pedido de sesión especial había sido realizado antes de que la semana pasada el presidente Mauricio Macri dejara trascender su decisión de habilitar el debate parlamentario y dar libertad de acción a los integrantes del oficialismo. Desde entonces, distintos legisladores del oficialismo como el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, anticiparon que independientemente de la posición respecto de la legalización del aborto, su bancada no daría quórum para la sesión especial. “Daremos el debate pero no a las apuradas”, dijo Negri hace dos días.

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Ayer por la tarde se produjo una reunión de la mesa chica de Cambiemos en el despacho del presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, en la que se definió que el proyecto será tratado por las mismas cuatro comisiones que lo debatieron en 2016: Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Acción Social y Salud Pública. También se resolvió que no será tratado en cada comisión por separado, lo que podía implicar una demora sustancial en el trámite parlamentario. Sin embargo, la discusión central quedó abierta en torno a cuál de esas comisiones será la cabecera del debate, es decir, la que conducirá el tratamiento. La principal disputa está entre Legislación General, presidida por Lipovetsky (quien está a favor de la despenalización) y Acción Social y Salud Pública, presidida por Carmen Polledo (íntima amiga de Macri y contraria al proyecto de despenalización).

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En su declaración luego del encuentro con Lipovetsky, Donda explicó que la decisión de no apurar el tratamiento también responde a que hay legisladores que ingresaron a la Cámara en diciembre y que deben tener tiempo para estudiar la iniciativa. De todas maneras, aclaró que la legalización del aborto ya lleva 12 años de presentada por primera vez y que si bien buscan favorecer la amplitud del debate, tratarán de que no se postergue más allá de los dos meses, entre los plenarios de comisiones y las audiencias públicas.

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“Nos comprometimos a poner rápidamente en tratamiento el tema, con reuniones informativas en marzo. Mi idea es hacer plenario de comisiones, para no perder tiempo. Creemos que el debate podría extenderse por dos meses. Y me parece lógico mantener los mismos giros teniendo en cuenta que el proyecto presentado es muy parecido al presentado hace dos años”, afirmó Lipovetsky.

Desde que el Gobierno Nacional decidió abrir el juego al tratamiento, la mayoría de los integrantes del gabinete se pronunciaron en contra, así como las principales espadas legislativas de Cambiemos. Ayer el senador nacional Esteban Bullrich lanzó unas declaraciones brutales, en las que tildó de asesinas a las madres que se realizan una interrupción del embarazo. “Hoy el aborto está penalizado porque se está matando a un ser humano y creo que no hay que matar a un ser humano. Creo que el Estado debe trabajar para evitar llegar a la posibilidad de que una madre pueda llegar a pedir que maten a su hijo”, afirmó el ex ministro de Educación.

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