El gobierno nacional anunció ayer el Plan Integral de Combate al Trabajo No Registrado, con el que apuntará a reducir los niveles de empleo informal en el mercado laboral con una batería de medidas que incluyen ”intervenciones en sectores críticos” como el doméstico, el rural y el del trabajo a domicilio.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada que encabezó el lanzamiento, expresó que el objetivo ”es trabajar sobre la necesidad de profundizar las política públicas que combaten el trabajo no registrado”, y reclamó que ”también es imprescindible la participación del sector sindical y de los empleadores”.

Tomada estuvo acompañado por su par de Industria, Débora Giorgi, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, entre otros funcionarios. El acto reunió, además, a dirigentes empresariales y sindicales. La reunión se dio en el marco del diálogo social que convocó por el gobierno.
El programa que presentó Tomada consiste en una serie de iniciativas públicas para combatir el fenómeno a nivel federal. Entre los objetivos está el ”fortalecimiento de facultades nacionales” por la vía de la ”consolidación de Facultades de Inspección” de la cartera laboral nacional.
El proyecto también impulsa lo que denomina ”nuevos procedimientos de fiscalización del trabajo”, como la creación de la Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular y del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, entre otras iniciativas.
Otro de los ejes impulsa el otorgamiento de ”incentivos económicos” y en esa línea también la creación de un régimen especial para microempresas. Además, el programa hace especial hincapié en profundizar la acción pública con intervenciones en ”sectores críticos” de la economía.
Otro eje de la propuesta oficial consiste en la integración de un equipo multidisciplinario integrado por economistas, abogados y contadores focalizado en el empleo irregular y la subcontratación en actividades puntuales.
Según voceros del Ministerio de Trabajo, los convocados acordaron analizar el proyecto por separado para volver a reunirse ”dentro de diez días”, aunque no hay una fecha establecida con precisión. Tras la reunión de ayer, en la dependencia pública demostraron optimismo con la aceptación del plan por los distintos sectores económicos y, si bien tienen expectativas con posibles observaciones, las fuentes concluyeron en que ”en general el programa fue bien recibido por los presentes”.
Además de los funcionarios del gobierno, en la reunión estuvieron presentes, por el lado gremial, el titular de la CGT, Antonio Caló, y el dirigente Pedro Wasiejko, en representación de la CTA de Hugo Yasky. Además, por el empresariado asistieron el vicepresidente de la Unión Industrial y titular de la federación de industrias alimenticias COPAL, Daniel Funes de Rioja; el dirigente metalúrgico, Juan Lascurain; y el titular de la CGERA, Marcelo Fernández. Otros funcionarios presentes en la mesa de trabajo fueron la secretaria de Trabajo, Noemí Rial; el secretario de Empleo, Enrique Deibe; y la secretaría de Seguridad Social, Ofelia Cédola. «

claves de un programa ambicioso
Fortalecimiento de la Nación: el proyecto apunta a consolidar las atribuciones de control del Ministerio de Trabajo considerando la diferencia de recursos que existen entre este organismo y las provincias. El fin es reforzar la capacidad de inspección del Estado en su conjunto.
Nuevas fiscalizaciones: se crea una unidad de fiscalización para frenar el fraude laboral en sectores complejos; habrá seguimiento tecnológico de las cadenas de valor, y se construirán Indicadores Mínimos de Trabajadores.
Incentivos económicos: las microempresas tendrán un régimen especial de aportes y contribuciones y serán beneficiadas con la ”simplificación” de operaciones administrativas para la contratación.
Sectores críticos: el plan prevé acciones especiales en relación con los sectores doméstico, rural y del trabajo a domicilio, para los que establece líneas de acción que varían de acuerdo con las particularidades de cada uno de los mismos.

las repercusiones
Tras el encuentro, Pedro Wasiejko, de la CTA, señaló que el eje del encuentro fue la concientización sobre la problemática del empleo no registrado. ”Apoyamos algunas cosas del plan aunque siempre hay detalles para analizar”, dijo a Tiempo Argentino. El sindicalista puso el objetivo en el trabajo doméstico y alertó que ”falta reglamentar la ley” que aprobó este año el Congreso, y subrayó la situación de las microempresas, en las que ”hay un 82% de trabajo irregular”.
Desde el lado empresario, Marcelo Fernández, de la CGERA, destacó la convocatoria y evaluó que ”detrás del trabajo no registrado están las empresas no registradas que son una dura competencia desleal para las pyme, por lo cual es un eje fundamental el trabajo conjunto con el Estado y el sector del trabajo”. Fernández expresó también que ”esperamos tener el mismo resultado que con las medidas para monotributistas”.

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