El canciller Héctor Timerman se reunirá hoy con la plana mayor de las Naciones Unidas en una visita de urgencia a Nueva York para intentar destrabar la detención ilegal de la fragata ”Libertad” en Ghana, África, a partir del accionar de los fondos buitres. Lo recibirán el secretario general, Ban Ki-moon, y los presidentes del Consejo de Seguridad, Gert Rosenthal, y de la Asamblea General, Vuk Jeremic.

Con la consejera legal de Naciones Unidas y secretaria general asistente para Asuntos Legales, Patricia O’Brien, Timerman, el vicecanciller Eduardo Zuain, la representante permanente designada ante las Naciones Unidas María Cristina Perceval y el embajador ante los Estados Unidos, Jorge Argüello, analizarán lo que entienden es una situación que afecta directamente al sistema de inmunidades de los Estados que rige a la comunidad de naciones, a partir de la Convención de Viena de 1961.

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En paralelo, por instrucción de la presidenta Cristina Fernández, los abogados del Ministerio de Relaciones Exteriores apelarán el polémico fallo en el país africano. Y en caso de no encontrar una respuesta favorable, acudirán a los tribunales internacionales para hacer valer el artículo 292 de la Convención sobre los Derechos del Mar que establece que los buques destinados a fines no comerciales están protegidos por inmunidad soberana y, en consecuencia, son libres de requisas y embargos.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar funciona con la actual modalidad desde 1996, tiene sede en Hamburgo, Alemania, y está integrado por ”21 miembros independientes, elegidos de entre personas que gocen de la más alta reputación por su imparcialidad e integridad y sean de reconocida competencia en el campo del derecho del mar”.

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La modalidad para resolver las controversias favorece la solución política entre los Estados, pero en el caso de la aplicación del artículo 292, a menos que las partes acuerden otro mecanismo –la actuación de la Corte Internacional de Justicia, del tribunal arbitral establecido por la Convención o uno especial para el caso–, la jurisdicción del tribunal es obligatoria para lograr la pronta liberación de buques y tripulaciones.

En este caso puntual, la fragata ”Libertad”, buque escuela de la Armada, está retenido con su tripulación desde el pasado 2 de octubre en el puerto de Tema, Ghana, a partir de la decisión de un juez de primera instancia del país africano, que dio curso a un pedido de los fondos buitres que aún accionan contra la renegociación de los bonos de la deuda externa de la Argentina.

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Ante la falta de respuestas, la Argentina decidió enviar a la capital de Ghana, Accra, a los viceministros de Defensa, Alfredo Forti, y de Relaciones Exteriores, Eduardo Zuain, con el fin de establecer negociaciones diplomáticas. El diálogo se inició en estricto secreto y no trascendieron los resultados de la misión, que concluyó con el regreso de los funcionarios a Buenos Aires y el establecimiento de una misión con el apoyo de Brasil.

Sin embargo, lejos de bajar la tensión, el juez decidió prohibir la provisión de combustible a la fragata ”Libertad” de forma tal de impedir el funcionamiento de los generadores de energía que abastecen a las cámaras frigoríficas de alimentos, el funcionamiento de los baños, el agua corriente, el sistema contra incendios y las bombas de achique. Por este motivo, la Presidenta ordenó evacuar a la tripulación.

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