La División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina confirmó que el hackeo a la cuenta de Twitter de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alcanzó también más de 30 cuentas de correos electrónicos oficiales, incluido el de la titular de dicha cartera. La Justicia recibió ayer el informe de la Policía Federal, que prueba el alcance del ataque a las cuentas oficiales.
El informe de la División de Delitos Tecnológicos llegó a manos del juez federal Sebastián Ramos, como parte de la causa abierta la semana pasada para investigar el hackeo que sufrió la cuenta oficial de Bullrich en Twitter.
Según fuentes oficiales, el hackeo a la ministra se produjo a través de un correo electrónico enviado desde una cuenta falsa -a nombre de la embajada de Bolivia en la Argentina- y a través de un documento ejecutable que permite acceder a las contraseñas del titular de la cuenta que recibe el correo.
Pese a que habían circulado capturas de pantalla con datos sensibles en las redes sociales, en el Ministerio de Seguridad habían descartado esa posibilidad y sostenían que la intervención se había limitado únicamente a la cuenta de Twitter.
El juez Ramos y la fiscal Paloma Ochoa tomaron intervención en el caso, por ser los funcionarios judiciales que estaban de turno en la feria judicial.
Ramos dispuso, entre otras medidas, que fueran analizadas las computadoras desde las cuales pudo haber sido abierta la cuenta de Twitter de Bullrich para dar publicidad a sus actividades oficiales.
La cuenta de la ministra fue hackeada la semana pasada, durante más de una hora, y se introdujeron con su firma nueve tuits contrarios. Allí se mezclaron agravios al gobierno nacional, insultos y la difusión de un teléfono de la funcionaria. Esa cuenta tenía más de 320.000 seguidores en el momento en que se produjo el ataque cibernético.
”Hago de manera oficial mi renuncia como ministra de Seguridad”, fue el primer mensaje que publicaron quienes hackearon la cuenta de la ministra de Seguridad. Una vez recuperada la cuenta, los mensajes fueron eliminados.
En tanto, ahora, en función del informe recibido de la Policía Federal, se ampliaría la investigación a la captación irregular de más de 30 cuentas de correo electrónico oficiales de la cartera de Seguridad.
El mismo día que la cuenta de Twitter de Bullrich fue vulnerada, una fuente, presuntamente cercana al responsable del ataque, hizo circular por esa red social capturas de pantalla del correo electrónico oficial de la ministra, asegurando que habían tomado también control de esa cuenta.
Lo mismo ocurrió con fotos que supuestamente fueron tomadas de la pantalla de una computadora en la que se ve la bandeja de entrada de la cuenta denuncias@minseg.gob.ar.
Cerca de la funcionaria sostienen que fue un error involuntario de un empleado, que fue víctima de phishing, un tipo de ataque que se basa en enviar un correo electrónico de apariencia legítima, pero que contiene un link que conduce a un sitio malicioso.

Versiones
No hay certezas sobre quién estuvo detrás del ataque. ”Todavía no sabemos quién fue el que hackeó la cuenta”, dijo anteanoche la ministra, en TN.
En las últimas horas, surgió una versión que apunta a un pirata informático conocido en las redes como ”Niño Orsino”. El usuario, cuya identidad se desconoce, se atribuyó la autoría de los mensajes agraviantes contra el Gobierno.
”Tengo acceso completo al Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) @AleMonteoliva @PatoBullrich @MinSeg”, había publicado en Twitter el 28 de diciembre pasado. Sin embargo, no se habían tomado recaudos, pese a la amenaza. ”Fue necesario ridiculizar a la ministra y exponerla en público para que la debilidad del ministerio quedara a la vista”, dijo el presunto hacker al sitio Eldisenso.com.

Crean un registro para recuperar dinero mal habido
El procurador del Tesoro, Carlos Balbín, firmó ayer la resolución por la cual creó el Registro de Procesos Penales relativos a Delitos contra la Administración Pública. Ese registro tendrá como objetivo recuperar el dinero mal habido, como producto de sentencias firmes en causas de corrupción administrativa o de enriquecimiento ilícito.
Ese registro sólo tendrá operatividad efectiva luego de aprobado el proyecto de ley sobre extinción de dominio, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y debe tratar el Senado en las próximas sesiones ordinarias. La resolución se publicará hoy en el Boletín Oficial y buscará ordenar la información sobre el dinero que luego el Estado destinará a otras finalidades sociales.
”Con la creación del registro la idea es estimular al Congreso para que apure el tratamiento del proyecto que tiene media sanción de Diputados”, dijo una fuente oficial. Se trata, en rigor, de un organismo de la Procuración del Tesoro que deberá interactuar con los juzgados que tramiten las causas para conocer la cantidad de dinero mal habido en poder de los acusados.
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