La defensora general Stella Maris Martínez sostuvo que “la discusión debe ser seria y de allí tiene que surgir un compromiso de elaborar y sostener una política que realmente respete los derechos de los niños”. Se opone a bajar la edad de imputabilidad.

“Hay que buscar un sistema mejor también para los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años. No podemos seguir con la ley de la dictadura. A poco del comienzo de la dictadura, en junio de 1976, Videla bajó la edad de imputación posible a 14 años. Luego la propia dictadura la subió a los 16”, afirmó en una entrevista con Página/12.

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“Es fácil decirle a la gente que uno lucha seriamente contra la inseguridad y por eso quiere bajar la edad. Casi no hay delitos graves cometidos por chicos de entre 14 y 16 años, pero cuando ocurre alguno la trascendencia resulta enorme. ¡Es duro ver que un chico mata a alguien! Pero cuantitativamente es un fenómeno intrascendente”, explicó.

La defensora también sostuvo que “muchas veces los menores son utilizados por los adultos, pero la solución es trabajar en la prevención del crimen de los adultos y proteger a esos niños que también son víctimas”. “El Estado debe apostar a política sociales para los mayores de 16 y también para los menores” y para menores de entre los 14 y 16 años “políticas sociales”.

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La discusión debe ser seria y sostener una política que realmente respete los derechos de los niños.

La funcionario calificó el tema como “muy muy difícil” que “sólo se puede resolver con un fuerte compromiso del Estado y con un compromiso igualmente fuerte de la comunidad entera” ya que “todos tienen que hacerse responsables” porque “el punto es si apostamos a seguir generando más violencia y delincuencia o si rescatamos a los chicos que son a la vez excluidos sociales y los integramos”.

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“Es el mito del adolescente peligroso. Y las estadísticas dicen otra cosa. Dicen que es ínfima la cantidad de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos todavía por chicos menores de 14. Convertir el mito en política no alterará el panorama delictivo”, agregó.

“Sí o sí se debe debatir el régimen penal juvenil, pero la cercanía de las elecciones no es un buen momento. La discusión debe ser seria y de allí tiene que surgir un compromiso de elaborar y sostener una política que realmente respete los derechos de los niños”, remató.

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