Se ponen en marcha en Roma la audiencia por el Plan Cóndor

Los imputados, 2 bolivianos, 4 peruanos, 12 chilenos y 17 uruguayos, todos miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1973 y 1978, están acusados por la Fiscalía de Roma por los delitos de homicidio, masacre y secuestro.

Figuraban entre los destinatarios de una petición de enjuiciamiento el militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas, el ex presidente uruguayo, Juan María Bordaberry Arocena, y el ex ministro de Interior de Paraguay, Sabino Augusto Ciarletti Montanaro, todos fallecidos.

La audiencia comenzará tres años después del cierre de la investigación iniciada en 1998 por el fiscal de Roma, Giancarlo Capaldo, en la que se dedicó a recoger información e interrogó a testigos sobre las actividades de 140 presuntos implicados en las operaciones de represión.

La lista inicial de 140 personas, donde figuraban 59 argentinos, 33 uruguayos, 20 chilenos, 11 brasileños y 7 bolivianos, se reduce a una treintena de imputados debido a que varios fallecieron durante la investigación.

El Partido Democrático de Italia (PD) anunció en rueda de prensa que se constituirá como parte civil en el llamado Proceso Cóndor, y que proporcionará asistencia legal a las familias de las víctimas, al tiempo que expresó su intención de facilitar que incluso puedan acudir a Roma para seguir en vivo el juicio.

En esa línea, el secretario del PD, Guglielmo Epifani, dijo que ”la batalla para defender los principios de la libertad y la no violencia es tan válida hoy como ayer”, y consideró necesaria la labor de su partido para ”mantener la memoria del sacrificio de las víctimas italianas”, según reseñó la agencia noticiosa EFE.

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Por otro lado, el diputado italiano Fabio Porta, presidente del Comité Italianos en el Exterior, agradeció al gobierno de Roma por la decisión de constituirse en parte civil en la primera audiencia del juicio.

”Se trata del primer gran juicio internacional contra esa despiadada operación de policía”, añadió, según consignó el sitio uruguayo La República.

La Fiscalía italiana abrió las investigaciones sobre la estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur hace más de quince años, a raíz de las denuncias presentadas por familiares de italianos desaparecidos y ahora los imputados serán juzgados en ausencia.

Los bolivianos acusados de los delitos son el general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor entre 1979 y 1980, y el expresidente Luis García Meza Tejada.

Entre los chilenos figuran Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark; el general Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras; el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo; Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez.

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Asimismo, también están imputados el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el ex comandante del regimiento Tacna Luis Joaquín ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.

Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez; Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.

Por otro lado, los acusados uruguayos por la Fiscalía de Roma son los exmilitares Gregorio Conrado Álvarez Armellino, José Ricardo Arab Fernández, Carlos Calcagno Gorlero, Jose Horacio Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirre Garay, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Iván Paulós y Ernesto Avelino Ramas Pereira.

Figuran también en la lista José Felipe Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín.

La Operación Cóndor, plan ideado por el chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

En dicho proceso los gobiernos intercambiaban información y cooperaban operativamente para el secuestro y asesinato de miles de personas, incluyendo ciudadanos italianos.

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