Para la Cámara Federal, no hay pruebas para indagar a Cristina por lavado de dinero y cuestionó el trabajo del juez Casanello

La Cámara Federal porteña avaló la decisión del juez Sebastián Casanello de no llamar a indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero por la que se encuentra detenido el empresario Lázaro Báez.

La Sala II del tribunal de apelaciones emitió un fallo de 7 páginas en el que, además, renovó sus cuestionamientos sobre el manejo de la causa, criticó al fiscal Guillermo Marijuan y volvió a reclamar que la investigación se oriente sobre los ex funcionarios.

Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun plasmaron su opinión sobre el expediente al responder sobre una queja presentada por Unidad de Información Financiera (UIF) a la que también cuestionaron por desempeño en el expediente.

La UIF había pedido las indagatorias de Cristina, Julio De Vido (ex ministro de Planificación), José López (ex secretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex director de Vialidad Nacional), Carlos Kirchner (ex subsecretario de Obras Públicas) y Jorge Ernesto Bringas (socio de Báez).

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Al rechazar el pedido, Casanello había sostenido que en el mismo no se describía conductas ni pruebas que lo motivaran y también porque el delito de asociación ilícita ya está siendo investigado por el juez Julián Ercolini.

“El pedido –repentino- de indagatorias de las UIF no encuentra base suficiente porque la instrucción no demuestra que se haya desarrollado la encuesta debida sobre la materia”, sostuvieron los jueces en el fallo al que accedió Télam.

“Poco ha contribuido el tibio dictamen del fiscal Marijuan del 8 de abril de 2016 que transcribe los dichos de (del valijero) Leonardo Fariña pero no propone el camino a seguir para encaminar su pretensión”, remarcaron.

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Los camaristas también criticaron a Marijuan, quien tiene delegada la investigación sobre el patrimonio de Báez por “su larga y anunciada actividad tendiente a promover que alguno de los Báez aporte los datos necesarios como imputado colaborador”.

En rigor, los camaristas sostuvieron que el rechazo de Casanello al pedido de indagatoria no es apelable pero insistieron en que la investigación debe encaminarse hacia ex funcionarios del gobierno kirchnerista.

Tal como ya habían hecho en oportunidades anteriores, los miembros de la Sala II sostuvieron que la investigación sobre el lavado de dinero de Lázaro Báez no puede dejar afuera los hallazgos producidos en otros expedientes.

Al referirse al origen y el destino de los fondos lavados por Báez, los camaristas Farah e Irurzun sostuvieron que deben tomarse elementos de las causas Hotesur, Los Sauces y la del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

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“Es necesario, se insiste, que se parta de relacionar las pruebas recogidas en una y otra causa de manera de integrar esta pesquisa a las otras que, como se dijo, se encuentran íntimamente vinculadas”, sostuvieron.

“Báez resulta hasta aquí el principal investigado en esta causa seguida a determinar los movimientos de bienes y dineros que habría obtenido a través de la asociación ilícita que conformó con integrantes del poder de turno para acceder a fondos estatales que obtuvo de las obras públicas que irregularmente le fueron concedidas”, remarcaron.

Sobre el papel de las querellas, los camaristas sostuvieron: “En su rol de organismos especializados, han demostrado esfuerzos dirigidos en ese sentido, particularmente teniendo en cuenta que la Unidad de Información Financiera actúa en los otros procesos de mención”.

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