En septiembre de 1955 la autodenominada Revolución Libertadora derrocó al gobierno democrático del General Juan Domingo Perón, en enero del año siguiente, Pedro Eugenio Aramburu proscribió al peronismo al sancionar el Decreto 4161/56.

Tras lo sucedido con el decreto de Mauricio Macri que decidió saltear al Senado y nombrar a dos Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se configuró una nueva forma de proscripción del peronismo: la anulación de su poder democrático en la Cámara Alta.

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Esta neoproscripción nace de un acuerdo explícito entre el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Mauricio Macri. La existencia del oscuro acuerdo fue develada por el propio Ernesto Sanz y Laura Alonso. En el mismo sentido, las declaraciones de Ricardo Lorenzetti, Presidente del Máximo Tribunal desnudaron la operatoria.

”Hoy hemos conversado y manifestamos nuestro beneplácito por las dos personas que han sido nominadas, son de mucho prestigio”, lanzó Lorenzetti quien además recordó que mantiene un vínculo personal con los dos nuevos jueces: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrant

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El peronismo, con legitimidad y mayoría democrática en el Senado de la Nación, fue desplazado de la escena política. La estrategia de Macri es anular su poder político, lo dicho: una neoproscripción que implica la paralización del Congreso con el único objeto de cercenar la representación del peronismo.

Es también una estrategia para quitarle poder a las provincias; algo que fue anticipado por Alfonso Prat Gay en su discurso contra los actores políticos del interior en distritos con pocos habitantes.

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El peronismo deberá trazar nuevas estrategias para eludir este cercenamiento que nace de un pacto entre el Presidente de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. Se trata, ni más ni menos, que una desperonización de facto.

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