La principal modificación a la norma impulsada por el oficialismo y anunciada el lunes pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la eliminación de la participación de las empresas de telefonía nacional en la explotación de señales televisivas, con la salvedad de las cooperativas telefónicas del interior del país.

 

Sobre el tema, la empresa Telefónica sentó ayer su posición en un comunicado en el que señaló que ”la decisión de excluir a las empresas de telecomunicaciones de brindar servicios convergentes va a contramano de lo que sucede en países como Estados Unidos, Alemania, Brasil, Chile, entre otros” y agregó que ”sin duda se abre una brecha entre la Argentina y su futuro”.

 

Al debate de las comisiones de diputados que se realizó en el segundo piso del anexo de la cámara baja, asistió como invitado el titular del Comité Federal de radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto.

 

Otro de los cambios al proyecto original está vinculado con la conformación de la Autoridad de Aplicación que pasará de 5 (como establecía la primera redacción) a 7 miembros: 2 por el Poder Ejecutivo, 3 propuestos por la comisión bicameral de seguimiento de la comunicación audiovisual (uno por la primera minoría, otro por la segunda y el último por la tercera minoría) y 2 por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

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Asimismo, la Autoridad de Aplicación, cuyos miembros tendrán una duración en el cargo de 4 años -que deberán ser renovados dos años antes de la finalización del mandato presidencial- será un organismo autárquico y descentralizado, en el ámbito del Poder Ejecutivo y no en el de la Secretaría de Medios de la jefatura de Gabinete de Ministros.

 

La remoción de los miembros de la autoridad de Aplicación, asimismo, deberá ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

 

Por otro lado, se acordó que, en lugar del 20 por ciento la producción local independiente sea del 30 por ciento, cuando se trate de estaciones localizadas en ciudades con más de un millón quinientos mil habitantes.

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En tanto, cuando se encuentren en poblaciones de más de 600 mil habitantes deberán emitir un mínimo del 15 por ciento de producción local independientes y un mínimo de 10 por ciento en otras localizaciones.

 

A través del proyecto se crea además, una comisión bicameral de control de la autoridad de aplicación, un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y la figura del Defensor Público de consumidores de servicios audiovisuales.

 

En el reinicio del debate las diferentes bancadas comenzaron a exponer sus puntos de vista sobre el proyecto modificado. La diputada peronista Graciela Camaño anunció la firma de un dictamen propio acompañado por el PJ disidente y que contempla algunas diferencias en lo referido a la autoridad de aplicación y el tiempo para que los actuales licenciatarios se desprendan de algunos medios de acuerdo al orden establecido por la nueva normativa.

 

Desde la Coalición Cívica, el bonaerense Juan Carlos Morán, destacó el hecho de que ”se hayan excluido a las empresas telefónicas de la posibilidad de ingresar al mercado audiovisual”, aunque justificó la firma de un dictamen diferenciado al del oficialismo ”porque hay cosas que no quedan claras, como por ejemplo el tema de las mayorías parlamentarias para integrar el organismo de aplicación de la ley”.

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La radical Silvana Giudici dijo, antes de abandonar el plenario, que su bancada sólo firma ”un dictamen que reúna los consensos por los cuales el radicalismo trabaja desde 1983, porque coincidimos en que a esta ley hay que cambiarla, pero por un texto por el cual todos sepan a que atenerse”.

 

En nombre del oficialismo, Adriana Puigross señaló que ”es el proyecto más democrático que se ha discutido en los últimos tiempos”, en tanto el sindicalista Julio Piumato dijo que ”esta ley no se pudo tratar en los 26 años de democracia porque lo impidieron aquellos que fueron socios de la dictadura con el tema de papel prensa”.

 

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