En el marco del primer juicio oral del país que investigó la responsabilidad del sector empresario en el terrorismo de Estado, se condenó a Marcos Levin, propietario de la empresa de transporte, La Veloz del Norte.

Por su parte Levin fue hallado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados en el secuestro de Víctor Cobos, entonces empleado de la empresa y delegado de la UTA.

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Hasta el momento son nueve los empresarios que están procesados por su complicidad con la dictadura cívico-militar. A cinco de ellos  se les dictó sobreseimiento o falta de mérito, entre ellos el dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, y el director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot.

Los restantes imputados son accionistas o ex directivos de la siderúrgica Acindar, la Comisión Nacional de Valores, las automotrices Ford y Mercedes Benz, el establecimiento yerbatero Las Marías, la cementera Loma Negra, Minera Aguilar y Papel Prensa.

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También se iniciaron investigaciones respecto a las represión que sufrieron los trabajadores de Molinos Río de la Plata.

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