El viernes 8 de abril de 2016 quedó registrado como un día clave en la causa que investiga la denominada ruta del dinero ”K”. Sucede que en aquella jornada, uno de los imputados de la causa, Leonardo Fariña, se acogió a la ”Ley del Arrepentido” y permitió que la Justicia accediera por primera vez a datos desconocidos en el expediente.

El ex esposo de la modelo Karina Jelinek aportó ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan datos muy precisos sobre cómo el ”clan Báez” habría realizado distintas maniobras para ”blanquear” dinero proveniente de la obra pública.

Tal fue el grado de precisión que Marijuan imputó a varios ex funcionarios cuyos nombres hasta ahora no habían sido salpicados por el escándalo. Entre ellos se encuentran la ex presidente Cristina Kirchner y su ministro de Planificación, Julio De Vido. Sin embargo, la nómina completa incluye otros 13 apellidos a los que accedió Infobae.
Los 15 imputados en la ruta del dinero K

Cristina Kirchner. La ex presidente está acusada de ser parte de la operatoria por la cual las empresas de Lázaro Báez se quedaban con dinero de la obra pública y luego lo fugaban al exterior con el objetivo de ”blanquearlo”. Además, la ex mandataria tiene otros dolores de cabeza en tribunales por las causas Hotesur, Los Sauces y Dólar Futuro.

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Jorge Chueco. El abogado de Lázaro Báez –que fue capturado en Paraguay luego de varios días de estar desaparecido– es una figura clave en la causa. Su nombre aparece ligado a SGI -”La Rosadita”-, la financiera a través de la cual se habrían realizado distintas operaciones para lavar dinero. Los videos en donde se ve a varias personas contando plata fueron grabados allí.

Juan Ignacio Pisano Costa. Es un operador de Bolsa que figuró como director titular de la financiera SGI hasta 2011. Se sospecha que habría operado junto a Fabián Rossi para abrir cuentas offshore en paraísos fiscales.

Ernesto Clarens. Pasó de ser un simple broker a uno de los operadores más poderosos vinculados al gobierno anterior. Fariña vinculó su apellido al inicio de la ruta del dinero, en el 2002. Montó un paquete de sociedades anónimas en La Florida, Estados Unidos, e invirtió más de 5 millones de dólares en propiedades.

Julio De Vido. Un testigo afirmó que el financista Juan Suris, detenido por facturas truchas, mantuvo contactos personales con el ex ministro de Planificación y actual legislador. Elisa Carrió fue quien le entregó al juez Casanello una declaración escrita de ese testigo.

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Julio Enrique Mendoza. Es el apoderado y presidente de Austral Construcciones, la empresa más importante de Lázaro Báez.

Claudio Bustos. Abogado de Austral Construcciones. Tenía acceso autorizado a la cochera del edificio donde funcionaba la financiera SGI, más conocida como ”La Rosadita”.

Juan Carlos Fábrega. El ex funcionario quedó involucrado porque durante su paso por el Banco Nación se creó un extraño fideicomiso por $350 millones en beneficio de Austral Construcciones. Tiempo después fue ”ascendido” por la Casa Rosada al Banco Central.

Maximiliano Goff Dávila. Su nombre aparece vinculado al complejo entramado de sociedades que habría montado Lázaro Báez para poder fugar el dinero, según los dichos de Fariña. Una de esas empresas es Marlin Group. En 2013, al ser consultado sobre las sospechas que pesan en su contra por el diario La Nación, negó las acusaciones y dijo que no conocía a otros imputados de la investigación, como el contador Daniel Pérez Gadín.

Carlos Wagner. Ex presidente de la Cámara de Construcción y actual integrante de su directorio. Fue mencionado como parte de la operatoria por Fariña en su extensa declaración indagatoria.

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Leandro Albornoz. El escribano sería otro de los hombres clave en el armado de las sociedades a través de la cual se habría intentado fugar el dinero. La semana pasada la Gendarmería realizó un allanamiento en su estudio de Río Gallegos, ubicado en la misma manzana donde se encuentran las oficinas de Austral Construcciones.

Miguel Eduardo Etcheves. En 2012 y 2013, los Bancos Hipotecario y Francés lo identificaron como uno de los apoderados de SGI en distintos ROS a través de los cuales se alertaba sobre movimientos financieros sospechosos. Marijuan ya había pedido su indagatoria en junio de 2015.

César Andrés. Contador. Tiene su estudio en Libertad 141, Río Gallegos. Está a cargo de las cuentas bancarias en Santa Cruz de Austral Construcciones.

Santiago Walter Carradori. Fue funcionario del Enargas durante el gobierno kirchnerista. Además de estar imputado en la ruta del dinero, durante su paso por la gestión pública fue acusado de haber ”truchado” su título de licenciado.

Santiago Punturo. Su nombre es una novedad para los investigadores. También aparece vinculado a la apertura de cuentas en el exterior.

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