Responsabilidad empresaria: la ley impulsaría las pesquisas por corrupción

Un sistema de “premios y castigos” para investigar la corrupción. Un mecanismo que involucre “delaciones premiadas”, pero también penas para las empresas involucradas en los negocios oscuros.
El proyecto de responsabilidad penal de las personas jurídicas que impulsa el Gobierno podría generar un cimbronazo en las pesquisas judiciales, pero también cambios en el mundo corporativo.
Uno de los pedidos que Mauricio Macri le encomendó al Congreso fue la sanción de lo que bautizó como “ley de responsabilidad empresaria”.
El proyecto, elaborado por la Oficina Anticorrupción (OA) con la colaboración de expertos, se presentó en octubre del año pasado y el oficialismo ahora saldrá a buscar el favor de la oposición.
Según detalla el diario La Nación, la iniciativa propone sancionar a las empresas por los delitos cometidos contra la administración pública, como cohecho (coimas), tráfico de influencias y negociaciones incompatibles.
Hasta ahora las penas recaen sobre las personas físicas -accionistas, ejecutivos, gerentes-, pero no hay consecuencias previstas para las compañías.
El texto del proyecto estipula algunas sanciones, como multas de entre el 1 y el 20% de los ingresos brutos anuales, la suspensión de las actividades y la pérdida de subsidios estatales.
La norma, sin embargo, prevé un gran salvavidas para las empresas: si demuestran que habían implementado un “programa de integridad” y que los ilícitos fueron un desvío de alguno de sus integrantes, se las podrá eximir total o parcialmente de su responsabilidad.
Según el texto, “las personas jurídicas son responsables por los delitos que hubieren sido realizados en su nombre cuando fueran consecuencia de un control y supervisión inadecuado”.
Otro de los puntos clave del proyecto es la incorporación del delito de soborno transnacional al Código Penal, que permitiría poder juzgar a los argentinos que paguen coimas a funcionarios extranjeros.
La cláusula responde, sobre todo, a la necesidad de hacer los “deberes” frente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reclamó que los países adapten sus sistemas penales para facilitar la colaboración internacional en la lucha contra la corrupción.

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