Por Equipo de Política de Revista Veintitrés

Los vínculos del juez Ricardo Recondo con el multimedios que comanda Héctor Magnetto quedaron al descubierto desde que los consejeros oficialistas lo denunciaron por bloquear la designación del magistrado que debe fallar sobre la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios, que obliga al Grupo Clarín a desprenderse de algunas licencias para ajustarse a la norma aprobada por el Parlamento en 2009. Poco después trascendió que Recondo, actual miembro del Consejo de la Magistratura e integrante de la Cámara Civil y Comercial que debe fallar sobre el artículo en cuestión, fue durante siete años socio del ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, hermano de Jorge Anzorreguy, reconocido abogado penalista y patrocinante de la familia Noble, propietaria del Grupo Clarín. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por Veintitrés revelaron que los vínculos del camarista con la familia Anzorreguy se remontan mucho más atrás, concretamente hasta 1989, cuando, merced a esa relación, Recondo se habría convertido en uno de los integrantes del staff jurídico informal del menemismo, cuyo soporte político y financiero emanaba del edificio de la SIDE que Anzorreguy supo conducir.

Recondo ingresó al Poder Judicial en 1984. Fue subsecretario de Justicia durante la primera etapa del gobierno de Raúl Alfonsín y camarista federal hasta 1986. Basta revisar su currículum para advertir que, a partir de esa fecha, su actividad profesional aparece definida con el genérico ”ejercicio de la profesión”. Pero lo cierto, según las fuentes, es que gracias a la relación que entabló con Jorge Anzorreguy y con el ex director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Inteligencia, José Domingo Allevato –un amigo de la infancia de la familia Anzorreguy que llegó a la SIDE durante la gestión del hoy procesado Juan Bautista Yofre–, Recondo se convirtió a principios de los ’90 en uno de los jueces favoritos del menemismo. Con Allevato en la SIDE, el estudio de Jorge Anzorreguy amplió su base de operaciones, históricamente afincada en la calle Montevideo 601, y diseñó una poderosa red de contactos judiciales para atender principalmente cuestiones procesales vinculadas a los funcionarios del poder de turno. Según una de las fuentes consultadas, ”en ese entonces Jorge Anzorreguy rechazó ocupar la Secretaría de Justicia de la Nación porque consideraba que era un cargo que lo exponía demasiado”. El ofrecimiento se lo había hecho el ex presidente Carlos Menem cuando su hermano, Hugo Anzorreguy, ya estaba instalado en la SIDE y Allevato continuaba en funciones en esa dependencia. ”La estrategia que elaboraron tenía dos partes, el control del Poder Judicial y el armado de un grupo de abogados para representar ante los juzgados de los distintos fueros a quienes fuera necesario proteger por denuncias de corrupción o de cualquier otro tipo”, precisó la fuente con llegada entonces a ese círculo de influencia. Era habitual, según pudo reconstruir esta revista, verlos juntos en el paquetísimo restaurante Florián, donde Recondo también se relacionó con penalistas como Fernando Archimbal y Carlos Daray.

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Esa sociedad judicial se hizo conocida como ”la cadena de la felicidad”, y las fuentes insisten en colocar al ahora denunciado camarista cercano a Clarín como uno de sus eslabones. Una de esas fuentes, incluso, ofrece precisiones: ”Todos los meses, puntualmente, Recondo cruzaba la Plaza de Mayo, ingresaba al edificio de la calle 25 de Mayo y se dirigía al piso 9, donde casualmente se encontraba con algunos colegas que pasaban por el mismo lugar todos los meses para la misma fecha. El circuito nunca variaba. Iban con el ascensor hasta el noveno piso y, una vez ahí, avanzaban cinco metros por un pasillo hasta una ochava que se abría en tres oficinas, la del subdirector de Finanzas, la Secretaría Privada de la Dirección de Finanzas y la del director de Finanzas. Allí todo era prolijamente filmado, para evitar que en el futuro alguno de los visitantes se arrepintiera de sus pecados”. Una rutina cinematográfica que, según coinciden las tres fuentes consultadas, se repitió desde 1989 hasta el fin del menemismo, a mediados de 1999. En una década, aparentemente los únicos cambios habrían sido los funcionarios de turno que atendían a ”los abogados de la casa”. Primero habría sido Juan Bonifacio Lastra y luego el propio Allevato el encargado de recibirlos. Bonifacio Lastra, para la tarea, alternaba su despacho con su domicilio de entonces ubicado en la calle Libertad 1571 1er piso, donde Recondo solía encontrarse, entre otros, con el fallecido Guillermo Patricio Kelly. Veintitrés llamó a Recondo para consultarlo sobre las revelaciones de las fuentes, pero nunca respondió.

Recondo, el abogado que llegó al Poder Judicial de la mano de Alfonsín y que por sus contactos se habría integrado el staff jurídico del menemismo, habría dado por terminados esos vínculos cuando estalló el escándalo del supuesto contrabando de armas a Ecuador y a Croacia, que Clarín fogoneó con ahínco desde sus páginas. Según las fuentes, ”Recondo, cuya tarea específica era operar en el Poder Judicial para el menemismo, hacía la vista gorda y buscaba congraciarse con Clarín”. A la luz de las denuncias que cayeron sobre el camarista en las últimas semanas por allanarle el camino al multimedios que se niega a desinvertir como ordena la Ley de Medios, el acercamiento con el grupo que comanda Magnetto se afianzó desde entonces. A tal punto que en la última entrevista que concedió al diario Perfil –el 14 de octubre pasado– declaró que ”la postulante (María Lorena) Gagliardi viene a desguazar a Clarín”. Ese fue el argumento que esgrimió para oponerse a la postulación de Gagliardi para ocupar la vacante del Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 1, que debe decidir sobre el artículo 161 de la Ley de Medios de la democracia. La postura parecía más propia de un defensor privado que la de un consejero y camarista federal. La réplica de Gagliardi fue implacable: lo acuso de ”fórum shopping” por considerar que el camarista quería ubicar al frente del juzgado vacante al juez jubilado Raúl Tettamanti ”para que falle a favor de Clarín”. La denuncia de Gagliardi podría habilitar un pedido de recusación contra el camarista.

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A esa altura, Recondo ya había obrado a favor de Clarín en otro caso. El magistrado tiene un expediente abierto desde marzo de 2011 en el Consejo de la Magistratura por una medida cautelar que dictó junto a Graciela Medina, cuyo esposo es abogado de Clarín, para continuar la licencia de Fibertel, a pesar de que la Secretaría de Comunicaciones la había declarado nula. La imputación apunta directamente contra Medina porque su marido, Julio César Rivera, es abogado del Grupo Clarín y, en consecuencia, debió haberse excusado de fallar en este caso. A esta irregularidad se agrega que la ONG que presentó la cautelar es la Asociación para la Defensa de la Competencia, cuyos abogados, integrantes del estudio Bouzat, Rosenkarntz & Asociados, son representantes de Cablevisión y otras empresas del Grupo Clarín. El nexo entre la ONG y el multimedios sería el abogado Gabriel Bouzat, quien según reveló la agencia Télam es socio fundador y tesorero de la organización, creada en el 2000. También trascendió que la ONG y el Grupo Clarín tienen direcciones en común. Todas conexiones que, según se sostiene en la denuncia, ni Recondo ni Medina podían ignorar.

A estas revelaciones, más sus controvertidas actuaciones como consejero, se suman los vínculos comerciales entre Recondo y la familia Anzorreguy, que fueron consignados por diversos medios de comunicación días atrás. El camarista aparece asociado a la familia Anzorreguy a través de la empresa Agro San Francisco S.A. desde 1999 hasta 2005, cuando decidió deshacerse del paquete accionario en su poder. Durante ese período, Recondo poseía el 70% de las acciones de la compañía, mientras que el 30% restante le pertenecía a Agroinmo S.A., una sociedad presidida por Hugo Anzorreguy (h) e integrada por Martín José Anzorreguy y Margarita Anzorreguy de Meferlane. Casualmente, Agro San Francisco y Agroinmo comparten la dirección legal con el Registro Automotor Nº 60 cuyo titular es Hugo Anzorreguy (h). Hugo y Margarita son hijos de Hugo Anzorreguy y Margarita Moliné O’Connor, quien fue directora suplente de Agro San Francisco S.A. durante los años en los que Recondo formó parte de la estructura accionaria de la compañía. Si bien el ex titular de la SIDE no forma parte de las empresas mencionadas, su vínculo con ellas es través de la participación de toda su familia en el directorio.

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En el juicio oral que se sustancia actualmente para determinar si durante el gobierno de Fernando de la Rúa –cuya mano derecha, Fernando de Santibañes, hoy enjuiciado, también contrató los servicios de un colega de Recondo, Fernando Archimbal–, se pagaron sobornos a senadores para aprobar una ley laboral exigida por el FMI, las partes pidieron varias veces que se llame a declarar como testigos a agentes de la SIDE que hubieran visto circular por el edificio de 25 de Mayo al arrepentido Mario Pontaquarto la noche en que supuestamente se pagaron los sobornos. Las fuentes especularon que todavía podrían caminar por los pasillos del edificio quienes tuvieron frente a frente, entre otros, al juez Recondo.

Los evidentes vínculos de Recondo con la familia del ex jefe de los espías del menemismo y con su hermano, el abogado de los Noble, abrieron un enorme interrogante sobre su imparcialidad a la hora de tomar decisiones sobre una causa de trascendencia institucional como la Ley de Medios a raíz del amparo que favorece al Grupo Clarín. Hasta ahora, estos vínculos que salieron a la luz significaron una derrota para el juez Recondo, ya que la primera consecuencia de las revelaciones fue la designación de un nuevo juez subrogante, distinto del que fogoneaba el consejero, para decidir sobre la vigencia del artículo 161 de la Ley de Medios, que establece los plazos para desinvertir, y el 45, que plantea los límites a la cantidad de licencias que puede tener un mismo grupo societario. Ninguno de estos artículos plantea un límite a la libertad de expresión, tal como quiere presentarlo el Grupo Clarín, sino a cuestiones patrimoniales. Pone un límite a los negocios, no a los contenidos. Aunque el multimedios y su juez favorito se empeñen en sugerir lo contrario.

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