Se trata de un viejo expediente en el cual la empresa Carat Fax SA intenta cobrar el contrato que suscribió con la Alianza meses antes de que la coalición entre los radicales y el Frepaso se impusiera a Eduardo Duhalde en la sucesión de Carlos Menem. La UCR desconoce la deuda, básicamente porque no fue esa fuerza política sino la Alianza la que celebró el convenio. Pero Carat argumenta que, según una cláusula del contrato, los radicales se convertían en garantes y, en consecuencia, son ellos los que deben afrontar el pago, porque la ”Alianza”, como tal, hace mucho tiempo que no existe.

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En primera instancia, la jueza María Cristina O’Reilly había resuelto que no había deuda reclamable. Pero la Sala B revirtió ese criterio y condenó a la UCR a pagar 906.323,20 pesos ”con más sus intereses”. La UCR apeló la sentencia, pero lo hizo a través de un abogado cuyo rol de apoderado no fue reconocido por el tribunal. En consecuencia, la apelación fue considerada como ”no presentada” y, de esa manera, quedaba el camino despejado para exigirle el pago al centenario partido político o, en caso de no efectivizarlo, iniciar un juicio ejecutivo en el que hasta se le pudieran rematar bienes para cubrir el monto, por cierto millonario.

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La procuradora general adjunta Irma García Netto firmó el 23 de diciembre pasado un dictamen recomendando que se aceptara la apelación y, en consecuencia, que la Cámara Comercial enviara el expediente a la Corte para que el tribunal resolviera si existe o no la deuda de la UCR. Una semana más tarde, la causa pasó a la etapa de sentencia, es decir quedó lista para que, después de la feria judicial de enero, los siete ministros den el primer paso de la recta judicial final.

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