La Justicia rechazó ayer suspender la aplicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que permite a familiares de funcionarios públicos ingresar al blanqueo de capitales, algo que no había sido incluido en la ley aprobada en el Congreso.
Según indica el diario La Nación, así lo decidió el juez en lo contencioso administrativo federal Ernesto Marinelli, quien desestimó la medida cautelar que había presentado el diputado nacional Felipe Solá (Frente Renovador).
“Acceder al dictado de la medida cautelar intentada, importaría anticipar juicio de mérito y, además, se estaría dejando vacío de contenido al proceso, al satisfacerse por medio de la cautelar aquello que es el objeto del amparo”, sostuvo el magistrado en su resolución.
El legislador y ex gobernador bonaerense había pedido la inconstitucionalidad de la norma porque sostuvo que viola la ley 27.260 de blanqueo, que en mayo aprobó el Congreso Nacional, en la que expresamente se excluyó a “los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados” de quienes entre el 1° de enero de 2010 a la actualidad hayan sido “presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal” o personal de organismos de inteligencia.
“La sumarísima vía escogida (amparo ley 16.986) y la inminencia de su decisión descartan la existencia de perjuicio irreparable que torne ilusoria la futura sentencia”, agregó el magistrado.
El fallo puede ser apelado por Solá para que sea revisado luego por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
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